Franz Kafka publicó en 1915 una obra que refleja hasta dónde puede llegar, en momentos, el ser humano. Samsa, el personaje central, pasa de humano a otra forma de vida y con él, cambian quienes están a su alrededor. Todos, sometidos por la alienación y el acoso laboral, sufren la llamada «metamorfosis».
«A mí me importan, y se los digo con toda claridad, me importa en absoluto, lo que dicen las normas laborales. En esta situación, no me importan. Al personal que forma parte de nuestras instituciones, que políticamente está en la acera de enfrente, cero beligerancia, cero beligerancia. Yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás, que nadie venga a hablar mal del comandante Chávez…no acepto militantes de partidos fascistas…quien quiera ser militante de partidos fascistas que renuncie, porque si no renuncia, yo mismo lo voy a botar”.
El telón de fondo de estas palabras, eran vivas a Maduro y a Chávez. Su autor es el Ministro Molina, (Vivienda y Hábitat) y fueron captadas en momentos en los que se dirigía a un grupo de personas a su alrededor, aparentemente, empleadas del Despacho a su cargo. Esta intervención o extractos de ella, han sido profusamente difundidos en medios de comunicación y redes sociales. Y aunque a través de Venezolana de Televisión, el Ministro aseveró que se descontextualizó su dicho, varias son las circunstancias que conducen a valorar que existe una amenaza real a la estabilidad laboral dentro de la administración pública en Venezuela. ¿Su causa? la opinión política de sus trabajadores.
En el país de la lista Tascón, la persecución laboral no es un fantasma. La primera hipótesis que surgió al escuchar al Ministro Molina, es que serían despedidas las personas que no votaron a favor de Maduro. Otra, es que se destituiría a quien se oponga al gobierno. Se conoce, no obstante, que es muy difícil comprobar por quién se votó. Pero una vez difundidos tanto el video, como la información de que otras autoridades emprenderían acciones laborales contra “la oposición”, fue tan extendido el temor a perder el empleo en el sector público, que hasta el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social tuvo que publicar un comunicado, apaciguando el pánico que se apoderó de quienes laboran en los organismos estatales. Al fin y al cabo, una nación segmentada electoralmente en dos partes casi iguales, puede también reflejar esta diferencia de opiniones políticas, dentro de la masa laboral empleada en el Estado. Y esa es una realidad.
Paradójica y lamentablemente es muy fácil para un funcionario del Estado que apoye al gobierno nacional, catalogar a cualquiera como «opositora». Puede ser víctima de esta acusación desde un compañero de trabajo, hasta un amigo o familiar. Así, bruscamente, y de la noche a la mañana, se es pasto de este apartheid criollo. Desde el punto de vista laboral, esa acusación es suficiente para desatar una suerte de inquisición, que pasa por diferentes fases de acoso, que van desde la presión para el cumplimiento de horarios extenuantes, para hacer labores ajenas al cargo, la humillación y vejación, hasta culminar con el despido o destitución. Ser “opositor” y trabajar en la función pública es un suplicio.
Un «opositor al gobierno nacional», es quien haga públicas o auspicie críticas a la ejecución gubernamental, aunque haya apoyado al gobierno en un pasado. Incluso, esta acusación se hace contra personas que apoyan al gobierno actualmente. Para merecer esta calificación, basta que cualquier persona, por una u otra razón, le resulte incómoda a una autoridad gubernamental o simplemente, que el cargo que detenta, sea requerido por esa autoridad para designar a alguien «de su confianza». Así, el código de “opositor” se levanta como justificación política para acabar con la estabilidad laboral en la función pública, desde la institucionalidad del Estado.
Para muchos en esta situación de persecución política, es difícil guardar silencio ante el hostigamiento o doblegarse ante funcionarios públicos que ejerciendo sus cargos y dentro de las propias sedes estatales, violan el derecho constitucional al libre desenvolvimiento de la personalidad, atentando contra la privacidad de la correspondencia, revisando Facebook o Twitter. Es legítimo el rechazo a la intervención de correos electrónicos e interceptación telefónica arbitraria y sin autorización judicial. Es inadmisible que un funcionario del Estado, amenace a otro con cercenarle su derecho al trabajo, con motivo de su opinión política.
En la historia administrativa y laboral de la Venezuela reciente, las autoridades gubernamentales encuadran fácilmente como «falta» a las obligaciones del cargo, el simple hecho de tener una conducta honesta, justa y de defensa de derechos laborales colectivos. Ello, regularmente, va de la mano con la acusación de “opositor”. Así, cualquier persona puede ser susceptible de la sanción de suspensión del sueldo, de destitución y/o de despido, según corresponda. Algunos han sido hasta privados de libertad por ejercer el derecho a huelga; a otros se les desconoce el sindicato, como pasa con MOTORMAV en el canal del Estado; se les cercena la libertad sindical, como a los trabajadores del Diario VEA; o se les acusa de saboteadores, como los trabajadores de CORPOELEC.
PROVEA ha venido abordando la situación del derecho al trabajo en el país, especialmente, en el contexto de polarización política que afecta a la sociedad y a las instituciones del Estado, principal empleador de Venezuela. En este sentido y junto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica «Andrés Bello» y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, venimos haciendo un seguimiento a los casos de persecución política, en la función pública. Un documento que demuestra este riesgo es la solicitud de mediación dirigida, días atrás, por el Sindicato Nacional de Empleados Públicos de la CVG-Guayana (SUNEP-CVG) y la Alianza Sindical Independiente (ASI), a la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que plantea la inminente violación a lo previsto en el convenio 111, «Sobre Discriminación en el Empleo», ratificado por Venezuela desde 1975.
Ejecutar la amenaza de despedir a los empleados públicos por motivos políticos, debería ser difícil en un país democrático. Más aún, «saltándose a la torera» la constitución y una serie de leyes que no consideran la opinión política como falta, ni mucho menos como causal de despido o de destitución. Sin embargo, tanto la preservación de la democracia como de las libertades y derechos que le son consustanciales, hacen parte de la lucha histórica de los pueblos. Venezuela se inscribe en ese tiempo y por ello, es necesario que desde el gobierno se contribuya a desarmar hostilidades, ya que el pensamiento, sustento de la opinión política, ni se puede despedir, ni se puede destituir. Las personas tienen derecho al trabajo, independientemente de su pensamiento. El trabajo es un derecho humano.
Esperanza Hermida
