La adjudicación de divisas efectuada el 19 de septiembre de este año, mediante la subasta No. 25 del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad 1), evidencia que el criterio del Estado venezolano para atender prioridades en materia de derechos sociales es arbitrario, máxime si se compara el drama que vive el sector salud para obtener dólares con la atención dispensada a las empresas beneficiarias de esta reciente distribución.
Según información de prensa suministrada por el mismo Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), más de 91,89 millones de dólares fueron adjudicados a 61 empresas de artículos navideños, bebidas alcohólicas, calzado, juguetes y artículos deportivos, de los cuales 21,65 millones de dólares irán a nueve personas jurídicas que elaboran o importan bebidas alcohólicas.
En contraste, Venezuela presenta altas cifras de muertes por violencia social generada bajo los efectos del alcohol y un alto récord de muertes producidas por consumo del alcohol al volante. Según el portal en Internet de la OMS[1], en 2012 murieron 85.9 personas por cada 100.000 habitantes, en accidentes de tránsito ocurridos en nuestro país y de ellos, 66.9% murieron a causa del alcohol.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en su Informe del año pasado indicó que las muertes violentas representan el 12% de la mortalidad general del país. Ello significa que de cada cien personas fallecidas en el año 2013, por diferentes causas, 12 murieron por motivo violentos diferentes a accidentes o suicidios.
Al revisar la tendencia analizada por la OMS en las cifras de las muertes causadas por efectos del alcohol, este flagelo engrosa el triste récord nacional de 24.763 muertes violentas reportadas en un año por el OVV. Adicionalmente, Venezuela tiene un alto indicador de «años de vida perdidos», según la OMS, lo que significa que la gente muere muy joven a causa del alcohol.
Sumando el costo por paciente que representa la atención médica de quienes sufren los efectos del alcohol, resulta aún más injusto e injustificado aprobar divisas para importar bebidas alcohólicas e insumos para fabricarlas, mientras el pueblo padece la peor crisis histórica en el sector salud. Las cifras permiten evaluar desde una perspectiva crítica a las políticas económicas del gobierno, pero no se trata sólo de números: hablamos de personas sin acceso a derechos humanos.
Si bien las secuelas de la muerte accidental de un miembro de la familia son terribles, se incrementan cuando fallece por causa del alcohol. Mientras la incapacidad del sistema de salud para atender estos casos se grita a diario, mueren muchas personas que son cabeza de familia, extendiéndose el desamparo de otras personas y por tanto la pobreza. Lo coherente es que el Estado invierta en salud y garantice vida digna a la población.
[1] http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/profiles/ven.pdf?ua=1
