La Ovallera es un caso emblemático de violación de derechos humanos, por varias razones. Es un ejemplo del incumplimiento reiterado por parte del Estado, a normas sobre condiciones laborales vigentes en Venezuela desde 1984. Es un espejo que refleja las irregularidades en los centros hospitalarios del país y muestra la inoperancia de la administración de justicia.
El 20 de marzo de 1993 ocurrió un accidente laboral en el Hospital del IVSS “José Antonio Vargas”, ubicado en el sector La Ovallera de Maracay, estado Aragua, que produjo la intoxicación química masiva de un gran número de personas, entre quienes se encuentran pacientes, médicos, trabajadores y trabajadoras del centro hospitalario
Días antes del suceso, se detectaron fallas en el sistema de aire acondicionado, y se contrató entidades privadas para realizar su limpieza, fumigación y mantenimiento. Se utilizó un producto conocido como K-Othrine 25, pero debido al mal estado de los ductos de aire, el químico no salió al exterior, manteniéndose en el medioambiente del centro de salud, afectando a quienes se hallaban en su interior.
Cuando la contaminación en forma de humo invadió los espacios del Hospital, se realizó la evacuación de las 150 personas que se encontraban presentes. De ellas, 94 fueron hospitalizadas por presentar síntomas de náuseas, vómitos, mareos, deficiencia respiratoria, picazón, trastornos de la tensión, y cuadro diarreico, síntomas propios de una intoxicación.
El día del accidente estuvo presente el Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, Defensa Civil y la Fiscal 3° del Ministerio Público, Dra. Norma Díaz, quienes tomaron muestras de los residuos de los productos usados en la fumigación (K-Othrine 25) y limpieza de los ductos de aire (Lume Plus). De inmediato se clausuró el hospital para su descontaminación.
Los estudios posteriormente efectuados determinaron que Lume Plus está contraindicado sobre superficies de aluminio, porque desencadena una reacción tóxica al unirse al metal, contaminando el aire. Esta condición unida a la fuga del gas refrigerante del sistema de aire acondicionado y la presencia en el ambiente de plaguicidas químicos, conformaron una mezcla letal.
Este accidente generó intoxicación masiva a un universo de 350 personas, incluyendo en esta cifra a quienes estuvieron expuestos a diversos niveles de concentración de los productos tóxicos. Varias de ellas fallecieron al poco tiempo, otras comenzaron a sufrir graves problemas en su salud física y mental.
Desde 1993 en adelante, Mery, Saida, Elsa, Glenis, Thais, Carmen, Miguelina, Belkis, Víctor, y los sobrevivientes de Luis, que son algunas de las personas afectadas, en su mayoría mujeres, madres de familia, mantienen una lucha valiente y consecuente, exigiendo al IVSS sus derechos.
Debido a la falta de atención médica adecuada a su situación, sufrieron un deterioro progresivo de su salud, al punto de producirse patologías crónicas degenerativas, que empeoraron su calidad de vida y afectaron drásticamente su entorno familiar y social. Ante la indolencia y la irresponsabilidad del Estado, acudieron a Provea solicitando apoyo y desde 1996 les acompañamos junto con organizaciones sociales del estado Aragua, como la Escuela de Formación Obrera (EFO.
El camino para alcanzar justicia ha sido muy largo y difícil. El 6 de febrero, 9 de julio y 25 de noviembre de 2013, respectivamente, el TSJ declaró parcialmente con lugar la acción orientada a determinar la responsabilidad del IVSS en el caso. INPSASEL, años después de insistir, ha certificado progresivamente que la enfermedad padecida por las personas afectadas tiene su origen en el accidente laboral de 1993.
Lo menos que se le exige al Estado venezolano es que cumpla la orden del TSJ, asuma la consecuencia de la certificación emanada de INPSASEL, y cese el sacrificio de los derechos humanos. Acaso 22 años no son suficientes?
