El Plan de la Patria propuesto por Chávez en 2012 fue convertido en ley por la Asamblea Nacional durante el gobierno de Maduro (G.O. Extraordinaria No. 6118 del 04.12.13), bajo el nombre de 2º Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019. El tercer objetivo del Plan es transformar Venezuela en potencia energética mundial; ampliar y conformar el poderío militar para la defensa de la Patria; y profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional.
Con el lenguaje militarista que le caracteriza, este instrumento propone desarrollar el poderío económico utilizando los recursos minerales del suelo nacional, ampliando la explotación del coque, carbón y otras energías alternativas. Asimismo, duplicar las reservas de bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel, roca fosfórica y feldespato, con la certificación de los yacimientos que se encuentran en el Escudo de Guayana, la Cordillera de los Andes, el Sistema Montañoso del Caribe y la Sierra de Perijá. Además, incrementar la producción de oro y diamantes, constituyendo empresas mixtas con control mayoritario del Estado y participación de las llamadas unidades de producción de propiedad social.
Un análisis de estas disposiciones con enfoque de derechos humanos implicar revisar hasta qué punto en la letra y en la práctica se apegan al Convenio 169 de la OIT, ratificado por Venezuela el 22.05.2002. El Convenio establece la consulta y participación de los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas y administrativas que puedan afectarles directamente, o sobre las que se relacionen con la exploración o explotación de recursos minerales o del subsuelo en los territorios que habitan. La prensa nacional y los portales oficiales e independientes nada revelan acerca del cumplimiento de la consulta.
Al contrario, según denuncias de dirigentes indígenas, para la ejecución de estos objetivos del Plan de la Nación el Estado ha profundizado su política de violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas que luchan por el reconocimiento de sus territorios. Evidencia de ello es el Decreto Presidencial No. 1606, publicado en G.O.40.599 el pasado 10.02.15, que reserva a la estatal Carbones del Zulia, filial de PDVSA, la exploración y explotación de más de 24.000 hectáreas de territorio donde habitan los pueblos Yukpa, Barí y Wayúu. Adicionalmente, tanto organizaciones como voceros ambientalistas advierten que las dimensiones de la explotación minera prevista en la región de Perijá y zonas aledañas, afectará las principales fuentes de agua potable del Zulia.
La situación se agrava por la escalada represiva contra los pueblos Yukpa, Barí y Wayúu que resisten a la GNB y al Ejército, oponiéndose a la ampliación de la explotación minera. En marzo 2013 el cacique Sabino falleció producto de un homicidio asociado a la defensa de los territorios indígenas. Dos años después, en el mismo mes de marzo, el gobierno de Maduro decide que el Estado explotará el carbón en Perijá y no consulta a los pueblos indígenas de la región, propietarios ancestrales de aquellos espacios. Un acto injerencista al más genuino estilo colonialista, que no tiene mucho que envidiar a las criticadas políticas de las potencias económicas mundiales.
En el marco de la caída de los precios del petróleo de este año, evidentemente el gobierno busca obtener ingresos alternativos, a toda costa. Por eso, amén de incrementar los impuestos para toda la población, acelera la ampliación de la explotación minera no tradicional, pisoteando no sólo el convenio 169 de la OIT, sino descargando el costo social y ambiental de estas decisiones sobre los hombros de los más pobres y marginados de nuestra sociedad: los pueblos indígenas.
(*) Coordinador de Exigibilidad de Provea
@espehermida
