«Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás»
Nelson Mandela
Con la aprobación de la Ley contra la Tortura, Venezuela ingresa al concierto de naciones que a través de una legislación nacional específica, busca implementar la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984).
Abrigamos la esperanza de que este instrumento ayude a erradicar prácticas que han signado y aún hoy siguen marcando con su huella, la actuación del funcionariado policial y militar componente de los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela.
Pero responsablemente tenemos que llamar la atención en el sentido de acompañar la aplicación de la ley, con el fortalecimiento a la educación en derechos humanos.
Educación que no sólo involucra al aparato represivo del Estado sino a los funcionarios que ocupan cargos en diferentes niveles y organismos, incluyendo defensores públicos en los diversos ámbitos del derecho individual o colectivo de las personas, a fiscales del Ministerio Público, Jueces, Juezas y personal auxiliar que labora en la Administración de Justicia.
Más sin embargo es preciso ir más allá de la ley y los programas complementarios que ayuden a su implementación. Es necesario reiterar la necesidad de la coherencia en las políticas públicas, para que las leyes surtan su efecto y garanticen los derechos humanos.
Las contradicciones en las ejecutorias de las autoridades, respecto a los derechos económicos, sociales y culturales por una parte y por la otra, las violaciones de los derechos civiles y políticos, enrarecen el ambiente y conducen a la inexistencia, en la práctica, de mecanismos eficaces para su protección y desarrollo.
No es coherente que los cuerpos de seguridad apliquen patrones de tortura física y psicológica a quienes protestan exigiendo lo que consideran es un derecho político legítimo, como en el caso de Barquisimeto y Valencia los días 15 y 16 de abril próximo pasados.
Es contradictorio con el espíritu que anima la voluntad política de aprobar en el parlamento una ley contra la tortura, el amenazar desde el alto nivel del Ejecutivo Nacional a los trabajadores de la estatal eléctrica, CORPOELEC, acusándoles de presunto sabotaje por las fallas que acusa el sistema de suministro del servicio.
Tampoco es correspondiente con el esfuerzo que impulsó la puesta en vigencia de la ley contra la tortura, el mantener sometido a juicio militar a unos trabajadores que en el estado Táchira ejercieron su derecho a la huelga en el sector construcción y al capitán Pemón Alexis Romero, en el estado Bolívar, por defender el derecho al trabajo de su pueblo.
Por una calle avanza la ley desarme y por una vía paralela la convocatoria a integrar las “milicias obreras”. Ambas propuestas son generadas desde el gobierno nacional.
Hace pocas horas estalló una paralización indefinida en la mayoría de las universidades públicas nacionales, como medida de presión de los docentes organizados en FAPUV para exigir al gobierno el cumplimiento de las normas de homologación (aumento del salario).
Estas normas representan para ellos, el instrumento fundamental de carácter colectivo válido desde 1982, para indexar su remuneración al ritmo de la inflación. La paralización, según todo lo recogido por la prensa, es producto de diversas consultas a la base profesoral y surge después de agotar otros medios de diálogo…
Pero hace también unos días se instaló la denominada reunión normativa laboral del sector universitario, convocada por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social y donde participan sindicatos de obreros, empleados y docentes organizados en FETRAUVE.
Este espacio discute y evalúa una convención colectiva diferente a las normas de homologación, aunque aparentemente reúne a una parte del colectivo docente.
Algo parecido sucedió hace aproximadamente dos años en el sector salud, pues por un lado enfermeras y médicos reclamaban reivindicaciones, mientras el gobierno graduaba médicos “integrales” para sustituir la fuga de personal calificado y en paralelo instalaba mesas de diálogo con las sociedades médicas de los hospitales del país, desconociendo la Federación Médica Venezolana y demás organizaciones sindicales.
La verdad hoy es que la crisis de este sector es cada vez más grave. Evidentemente, todas estas contradicciones dificultan el logro de consensos sociales y sobre todo, el avance de conjunto en el respeto a los derechos humanos, especialmente los laborales y el derecho a la salud. Recordamos al gobierno que los derechos humanos son indivisibles y universales. Es decir, para todos y todas.
