La reciente instalación de la Asamblea Nacional dejó el aire impregnado de incertidumbres, mientras la respuesta de Maduro a la nueva realidad política nacional que lo circunda no augura buenas vibras para la paz del país, y menos aún en materia de respeto a los derechos humanos. De allí el llamado a la reflexión a los actores políticos, en aras de atender a lo que la gente espera de ustedes.
Cierto es que se presenta un complejo tema sin antecedentes en la historia contemporánea venezolana, como la situación entre los poderes públicos. Desde el acto de instalación de la AN se anuncia la confrontación –ahora en nuevas condiciones- de modelos programáticos aparentemente contradictorios. Es como mínimo preocupante que lejos de procurarse el diálogo, se evidencien posibilidades de mayores y quizás más profundos choques entre los polos partidistas dominantes de la escena política.
Es indudable que generó tensión antes y durante la instalación de la AN, la decisión de la Sala Electoral del TSJ sobre los comicios parlamentarios de Amazonas. Se trata de un Poder Judicial proclive al Ejecutivo, cuya sentencia -en este caso- no se distancia en esencia del récord de decisiones judiciales adoptadas en los últimos 15 años, favoreciendo autoridades gubernamentales afectas al PSUV o al GPP y al Presidente de la República.
Lejos de actuar como el fiel de la balanza en un Estado de Derecho, el Poder Judicial venezolano continúa inclinado hacia un sólo lado del espectro político partidista, por lo que sigue cuestionada su imparcialidad y se encuentran prácticamente castradas sus posibilidades de contribuir a la resolución pacífica de conflictos.
Aunque distintas voces se han referido al mensaje expresado por los millones de votos que rechazan o que castigaron al gobierno de Maduro, los actores políticos de los diferentes bandos están llamados a profundizar su reflexión al respecto. Uno de los análisis debería abordar el corto aliento que tendría cualquier manifestación de revanchismo político, venga de donde venga, y sus consecuencias en el mediano y largo plazo para la paz del país.
Sería un error muy grave considerar, por ejemplo, que la votación del 6-D otorga patente para alentar discursos violentos o contrarios a la Constitución. Igualmente, nefasto sería suprimir pensiones, arrebatar viviendas o eliminar misiones por retaliación política, como anunciaron indebidamente algunos voceros del Ejecutivo.
El país se expresó contra la pobreza, la violencia, el hampa, la escasez, el desempleo, la impunidad y la corrupción. Venezuela exigió libertades democráticas. Por eso, es muy peligroso que la nueva AN reproduzca las viejas prácticas excluyentes y que Maduro no comprenda que el pueblo exige cumplimiento, respeto y garantía a los derechos de las personas.
