Durante el mes de octubre se conmemora el aniversario de dos de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la penúltima década del siglo XX en Venezuela: 32 años de la masacre de Cantaura y 26 años de la masacre de El Amparo.
Transcurrido lo que pudiera tenerse como un tiempo «prudencial» para que el Estado venezolano cumpla medidas mínimas indispensables, orientadas a castigar las personas responsables de los delitos perpetrados y a resarcir a las víctimas, el balance que puede hacerse es negativo.
En el caso de la masacre de Cantaura, está plenamente demostrada la responsabilidad de funcionarios del Estado. Sin embargo, contradictoriamente a la persecución del delito, el PSUV premió con la posibilidad de ser investido con la inmunidad parlamentaria a uno de los principales autores materiales de este crimen, como ha sido denunciado de manera pública e insistentemente, tanto por Provea como por familiares y amigos de las víctimas fallecidas el 4 de Octubre de 1982.
Como quiera que ese caso hace parte de las investigaciones que adelanta la llamada comisión contra el olvido, y cual aconsejaría la necesaria prudencia que estos tiempos imponen, omitiremos en este articulo su nombre. Pero como se trata de un diputado de la actual Asamblea Nacional, lo ético, lo políticamente correcto para un gobierno que se dice garante de la CRBV y lo mínimo, desde una perspectiva de derechos humanos, es que esta persona sea investigada, sobre todo en el marco de la instrumentación de la Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el período 1958 – 1998.
Del avance de esta comisión, hay pocas noticias. Su portal web, por ejemplo, informa de publicidad gubernamental básicamente.
En el caso de El Amparo, cuyos sobrevivientes y familiares de las víctimas fatales han librado una lucha tenaz contra la invisibilización y por la justicia, el balance de la actuación del Estado venezolano, es además muy pobre.
Es importante recordar que Venezuela fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de El Amparo y que el gobierno del Presidente Chávez cumplió con los aspectos económicos de la sanción impuesta.
Pero un importante elemento de la sentencia emitida por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, referido al resarcimiento en el plano moral, sigue incumplido.
En este sentido, bastaría con una visita de la ciudadana Fiscal General a la humilde población de El Amparo, en el estado Apure y una reunión con los sobrevivientes y las familias de los campesinos asesinados por el ejército venezolano en octubre de 1988, para abonar el terreno en aras de saldar esta deuda.
Falta, finalmente, que el hoy gobernador, electo por postulación del PSUV y cuya responsabilidad ha sido comprobada, desde el punto de vista de la autoría intelectual de la masacre de El Amparo, sea sancionado.
