El pasado jueves 6 de marzo, Provea se reunió con la fiscal general. En el encuentro abordamos el tema de la protesta social, específicamente su criminalización por parte del Estado, como preocupación principal propuesta por la representante del Ministerio Público.
Sin embargo, el motivo original de la audiencia fue una solicitud de Provea en agosto de 2013, relativa a los compromisos pendientes por parte del Estado, con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de la masacre de El Amparo.
En este intercambio, Provea insistió en puntualizar que el principal motivo de las manifestaciones en Venezuela, tanto las recientes, como las realizadas durante los últimos 5 años, es la situación económica del país. Provea destacó que ante un origen justificado y legítimo de los reclamos populares, el Estado y especialmente el Ministerio Público, ha venido imputando como delincuentes a quienes manifiestan.
Señalamos que protestar frente a la escasez de alimentos, la inflación, la crisis de servicios públicos como el suministro de agua, gas, salud y electricidad; ante la reducción del poder adquisitivo del salario por la devaluación de la moneda; y demandar seguridad personal, debido al auge de la delincuencia, es no solo un derecho constitucional, sino que representa el clamor principal de quienes manifiestan.
Un segundo aspecto sobre la criminalización de la protesta social, se centró en la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, ya que Provea reiteró su denuncia sobre el uso desproporcionado de la fuerza en la contención de las manifestaciones y sobre el comportamiento de militares y policías nacionales, que utilizan armas de fuego contra civiles desarmados, lo que ha contribuido a alimentar una peligrosa espiral de violencia.
Provea ejemplificó con los casos de sindicalistas que han sido imputados como delincuentes por realizar asambleas y huelgas: José Bodas, secretario general de la Futpv, por hacer una asamblea en el estado Anzoátegui; Rubén González, enjuiciado desde 2009 por realizar una huelga en Ferrominera del Orinoco; trabajadores de Transporte Camila, contratista de Sidor (Guayana), que llevan 7 años bajo régimen de presentación por hacer una asamblea.
Ante la fiscal general, Provea señaló que pretender evadir el origen socioeconómico de la protesta social, imponiéndole a la gente penas de prisión porque realiza protestas debido, por ejemplo, a la falta de agua en un barrio, carece de sentido. Lo importante, le dijimos a la alta funcionaria, es que el Estado resuelva el problema del suministro de agua.
Sobre los excesos militares y policiales, la fiscal general se comprometió y así lo cumplió al día siguiente de la reunión con Provea, a recibir al Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental que viene procesando denuncias sobre maltratos y tortura, delitos presuntamente cometidos por funcionarios militares y policiales, en las manifestaciones realizadas desde febrero 2014. El Ministerio Público comenzó de inmediato a revisar los casos en que sindicalistas están sometidos a regímenes de presentación por largos lapsos.
Cerrando el encuentro y abordando el tema que motivó la solicitud de audiencia por parte de Provea, la fiscal general se comprometió a organizar una misión de contacto directo entre el Ministerio Público y familiares de las víctimas de la masacre de El Amparo y nos informó que ese organismo estima realizar en los próximos días, anuncios importantes sobre los responsables de este crimen.
