En un país cuya inflación bordea cifras históricas, asistimos a la “costumbre” de hacer colas. Colas para adquirir productos de la dieta básica, medicinas, electrodomésticos y acceder a servicios indispensables.
Mientras más largas las colas, menor cantidad y de mayor costo es lo que se consigue. “No hay…” es un cartel que vemos frecuentemente. Al mismo tiempo, hay un alza en la protesta laboral y social, a la cual el Estado responde con detenciones arbitrarias.
Indudablemente que la situación económica venezolana es la causa principal de esta problemática. Y cuando revisamos en profundidad la motivación de la crisis, resulta inevitable tropezar de bruces con las políticas monetarias del Estado, constatando que no se trata de una circunstancia atribuible a los manidos argumentos de factores externos. La responsabilidad sobre el tema económico en el país, deriva de medidas adoptadas por las autoridades públicas.
Señala Alonso Díaz Etienne, en su publicación Inflación y Derechos Humanos, que “La estabilidad monetaria tiene gran importancia para lograr el bien común de la sociedad y que en ésta impere un orden económico-jurídico justo.” Díaz insiste en que a los Estados corresponde el deber de procurar y fomentar un sistema legal y económico que permita la progresión y efectivo ejercicio de los Derechos Económicos fundamentales, a toda la sociedad.
En el caso venezolano, revisando las obligaciones previstas en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no debería el gobierno nacional pretender desviar la atención respecto a su responsabilidad en la escasez y en la carestía de los productos que necesita la población para vivir. Por el contrario, el gobierno está llamado a introducir urgentes correctivos que mejoren la calidad de vida.
El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en el párrafo 1º de su artículo 2º, que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.
De allí la importancia de revisar la política económica nacional con un enfoque de derechos humanos. Autores como Johannes Messner quien estudia en su obra Ética Social, Política y Económica a la Luz del Derecho Natural (1967), conceptos asociados a la teoría del “precio justo”, plantean que la inestabilidad de los precios, si bien puede obedecer a motivos como el acaparamiento y la especulación, también dice que la inflación encuentra sus causas en la liquidez monetaria (cantidad de dinero circulante). En uno u otro caso, al Estado corresponde el control de estas variables.
En la Venezuela del siglo XXI, a los factores descritos por Messner, se suma el componente cambiario, política económica del gobierno cuyo fundamento –según voceros oficiales- se orienta a garantizar la solidez de nuestra moneda y a evitar la fuga de capitales… La realidad es que este control, al parecer por sus resultados, no incide en el manejo de la inflación, que se ubica cerca del 50%.
Los medios de comunicación reportan denuncias sobre las demoras en los trámites realizados por organismos del Estado para la adquisición de divisas, mientras en 2013 hubo dos devaluaciones y otra al inicio de este año. Al aumento del contrabando de extracción, se suma la reducción -en 2014- del “cupo” de dólares a las personas naturales. Los hechos indican evidentes desaciertos en la política económica, que afectan a la población más pobre del país.
En una perspectiva más general, a este cuadro su suman las crueles esperas para acceder a servicios indispensables como la asistencia médica, sea en un centro público de salud o en uno privado. Ahora, a la estructural crisis del sistema de salud venezolano hace décadas, se incorpora la ausencia de reactivos e instrumental, generalmente importado.
Lamentablemente, la ineficiencia del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales, más allá de la política monetaria, se extiende a la seguridad social. El maltrato del IVSS a las personas que acuden a gestionar o cobrar la pensión de vejez, de incapacidad y de sobrevivientes, implica la dilación indebida e injustificada del disfrute de su derecho, llegando al colmo de abusar de la edad o condición física de quienes lo solicitan.
Ello en un país con altos ingresos petroleros, donde la inequidad económica incide en la disminución del trabajo decente y en el aumento de la protesta social, que se manifiesta con justificadas motivaciones, sobre todo en el sector laboral. Por todo esto, el Estado debe revisar su política económica y adoptar las medidas tendientes a garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos. Humanizar y no militarizar la sociedad, es la consigna.
