Esperanza Hermida / Un balance en rojo

El pasado martes 20 de mayo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), presentó su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, correspondiente al año 2013, que contiene su tradicional investigación interdisciplinaria en donde se registran los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en materia de 19 derechos humanos.

Para Provea, 2013 fue un año excepcional en cuanto al conjunto de factores que incidieron en el respeto a los derechos humanos en Venezuela, pues el período estuvo signado por el fallecimiento del Presidente Hugo Chávez, luego del cual se produjo un agravamiento de la disputa poltica.

Una vez resultó electo el presidente Nicolás Maduro, fue ratificado el llamado “Plan de la Patria 2013-2019”, y arrecio el ataque y criminalización a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, al concretarse la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo que ubico al país al margen de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para Provea el clima actual de conflictividad y las protestas que se realizan en varios estados del país desde febrero pasado, encuentran sus antecedentes directos en el escenario vivido luego de la ausencia del Presidente Chávez de la escena política nacional, lo que generó una ola de manifestaciones que fueron reprimidas mediante el uso excesivo de la fuerza, enjuiciamiento masivo de ciudadanos, y la aplicación por primera vez de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismos.

La inseguridad personal, la devaluación de la moneda a principios de 2013, la escalada inflacionaria que alcanzó un 56,2% al cierre de 2013, la interrupción en el suministro de servicios básicos y la escasez de productos alimenticios y de uso personal, la no discusión de convenciones colectivas o violación de las vigentes sumado a la incertidumbre sobre el futuro político y económico inmediato del país, empujaron a diversos sectores de la población a realizar protestas.

El período por lo tanto  estuvo marcado por la alta conflictividad social. A pesar de ello, se registró un descenso de 20% en el número de manifestaciones realizadas, alcanzando la cifra de 4.410 protestas.

Un aspecto negativo a indicar se centra en el derecho a la salud, donde hubo niveles preocupantes de retroceso. La población Venezolana fue objeto de severas limitaciones para disponer de garantías  mínimas de atención a sus necesidades de salud llegando al punto de comprometer la integridad física y la vida de diversos grupos de personas.

Provea expresa su preocupación por el creciente autoritarismo en la gestión de gobierno afianzado en la Doctrina de Seguridad Nacional y el aumento de la militarización del país. Esos dos factores  constituyen situaciones de alto riesgo para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela.