Si una muerte humana por causa de la violencia es terrible, la muerte colectiva sucedida esta semana en el Centro Penitenciario de Uribana, es una tragedia peor.
El Observatorio Venezolano de Prisiones señala que son más de 40 personas, mientras los medios de comunicación informan que se produjeron 2 días después de iniciarse una huelga de hambre, en protesta contra el director carcelario.
La Ministra del Sistema Penitenciario, Iris Varela, declaró el 03.12.14 a la periodista Mary Pili Hernández, en su programa radial “Sin Duda” y también a varios medios regionales y nacionales, atribuyendo la causa de las muertes a la ingesta medicamentosa que las personas fallecidas habrían realizado por su propia voluntad.
Varela dijo ordenar la investigación de un grupo de funcionarios de la penitenciaría, incluyendo su director.
En esta situación no caben las medias tintas: cuando las personas están privadas de libertad y son recluidas en un centro penitenciario, el Estado es responsable de su vida e integridad personal.
Por eso, cuando mueren privados de libertad de forma masiva, dentro de una penitenciaría y en circunstancias tan particulares como ha sucedido en Uribana, el Estado tiene comprometida su responsabilidad, al igual que sus funcionarios o funcionarias, conforme a sus competencias.
Es históricamente reconocido que la mayoría de las personas privadas de libertad, en Venezuela y otras latitudes, sobre todo en el caso de la comisión de delitos contra la propiedad, son pobres y por tanto, excluidas del acceso a la educación y a muchos otros derechos humanos. Los altos índices de violencia criminal y penitenciaria, tienen relación con la pobreza.
De allí que el lamento sea mayúsculo en el caso de los muertos de Uribana, pues eran personas con un grado de vulnerabilidad, en riesgo de ser frecuentemente víctimas de la violencia. La misma Ministra Varela en el mencionado programa “Sin Duda” decía que los pobres son los que van presos.
Entonces, ante la muerte de más de 40 personas en Uribana, es legítimo plantear la revisión de las políticas públicas venezolanas en materia penitenciaria, así como la actuación de sus ejecutores: ¿qué hacen el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Ministerio del Poder Popular para el Sistema Penitenciario?
Según la Ley de Presupuesto del 2013, al Sistema de Administración de Justicia se le destinaron 10.169.918.242 bolívares (8.154.492.861 para el Poder Judicial y 2.015.425.381 al Ministerio Público). Ello representó el 2,56% del presupuesto nacional. Se le asignaron 1.646.903.023 bolívares al Ministerio del Poder Popular para el Sistema Penitenciario, mientras que a la Defensoría del Pueblo, a cuyo cargo se encuentra la Defensa Pública, se le estipularon 166.600.014 bolívares.
Una simple suma indica que el año pasado se otorgaron 11.983.421.279 bolívares a organismos encargados de ejecutar políticas públicas relativas a diversos aspectos de la problemática carcelaria. El presupuesto 2014 fue un poco más, pero básicamente por el efecto inflacionario. Lo cierto es que el pueblo pobre que está preso, muere y no de mengua, señora Ministra.
