En la primera quincena de agosto de este año PROVEA solicitó al presidente del Banco Central de Venezuela publicar las cifras del Índice de Precios al Consumidor e Índice de Escasez. Vencido el lapso para obtener debida respuesta, el BCV guardó silencio. PROVEA ratificó su petición y hasta el momento de escribir estas líneas, sigue el mutis.
PROVEA y organizaciones sindicales y gremiales acudimos luego al BCV para reiterar lo exigido un mes atrás. Asistieron representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), Federación de Trabajadores Telefónicos (FETRATEL), Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), Comité de Pensionados del IVSS, y Sindicatos de la Construcción y de la Salud de Caracas.
Éste, sin embargo, no es el único esfuerzo buscando que el BCV cumpla sus deberes. Transparencia Venezuela intentó una acción judicial ante el TSJ hace dos meses, obteniendo por resultado un inusualmente rápido dictamen que le instó a preguntar primero al BCV (agotando la “vía administrativa”). La organización pidió sin éxito la información, pues el BCV no hizo la publicación de los datos de inflación y escasez.
Ni a PROVEA, ni a Transparencia Venezuela, ni a las organizaciones gremiales y sindicales el BCV les da respuesta. Tampoco el TSJ actúa para garantizar que el ente emisor del país cumpla su deber, a pesar que la obligación deriva del artículo 139 de la Constitución Nacional, del artículo 31 de la Ley del BCV y de la resolución conjunta del INE y BCV que establece la frecuencia mensual de publicación de estos índices. Como conoce el país, ya van 9 meses del 2015 y no se conoce información oficial al respecto.
Estos datos son imprescindibles para determinar la situación del poder adquisitivo de los sueldos y salarios, para conocer la fluctuación de los precios, la escasez y la productividad, entre otros vitales aspectos. Pero lamentablemente, en Venezuela hemos llegamos al colmo de recurrir al TSJ para que el BCV publique estos indicadores económicos. El silencio oficial pretende ocultar la realidad.
Afortunadamente, las Universidades Nacionales, algunas privadas como la UCAB y otras instituciones independientes que investigan temas sociales y económicos, desarrollan estudios que permiten elaborar datos sobre el comportamiento de los precios y de los productos en Venezuela, diagnosticar la situación de la pobreza y el estado del empleo, el desempleo, el desempleo encubierto y el alcance de políticas públicas nacionales.
Una de las recomendaciones de la ONU al Estado venezolano durante el reciente examen sobre cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), fue publicar información oficial sobre la realidad económica. Desoyendo esta propuesta el gobierno mantiene a Venezuela sin cifras.
