Se respira un ambiente en el país de satanizar las expropiaciones. Lo primero que hay que aclarar es que no son nada nuevo. Tampoco son contrarias a la ley y la Constitución. Una cosa es que en los procedimientos de expropiación no se cumpla fielmente con la normativa jurídica existente y otra que realizarlas sea inconstitucional.
El artículo 115 de la Constitución las autoriza y las norma: Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Esta norma imperó igualmente durante toda la llamada Cuarta República pues el artículo 101 de la Constitución de 1961 la establecía en idéntica forma. La única variante y que constituyó un avance en las normas vigentes es que agregó que el pago debe ser oportuno.
Gracias a poder expropiar avanza el Metro por distintas zonas de Caracas y se construyen otros en distintos estados del país. Expropiar es necesario para abrir carreteras, crear espacios públicos, construir escuelas y universidades. Cuando prevalece el interés social o se requiere preservar o favorecer a la población un gobierno no sólo puede sino que debe adelantar expropiaciones de bienes diversos.
Ahora bien, lo que viene ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas es que las expropiaciones se realizan de manera arbitraria y mucho de lo expropiado no termina sirviendo al interés social.
Tampoco se paga de manera justa y oportuna a los afectados. Ejemplos sobran: En la reforma agraria de la década de los años 60 hubo propietarios a quienes se les pagó veinte años después. Años atrás la Alcaldía Metropolitana en la gestión de Juan Barreto realizó expropiaciones de edificios, sin embargo nunca se pagó a los propietarios y tampoco se otorgó a las familias beneficiarias seguridad jurídica de la vivienda ocupada. Se han expropiado empresas que hoy son un cementerio de maquinarias mientras los trabajadores esperan fuentes de empleo. Se expropian actualmente tierras agrícolas y sus propietarios son sometidos a irregulares procedimientos y a la incertidumbre sobre cuándo se les pagará.
Recientemente el Ejecutivo Nacional procedió a la expropiación de seis urbanismos y la intervención de otros ocho. Dicha medida pareciera tener un real interés social; sin embargo, si se continúa cometiendo los errores de experiencias recientes posiblemente termine generando un conflicto. Aspiramos a que las viviendas se les entreguen a los beneficiarios en el menor tiempo posible y a la hora de otorgarlas no se discrimine por razones políticas, así como que se establezcan mecanismos que garanticen la transparencia en todo el proceso. El gobierno tiene el derecho de expropiar, pero también el deber de someterse a los mandatos de la Constitución y la ley y respetar los derechos de los afectados de obtener pago justo y oportuno. Si se abusa del poder el resultado no será velar por el bien común, sino crear nuevos y angustiantes problemas políticos y sociales.
