Concluye la XX Conferencia Internacional sobre VIH/Sida en Melbourne, Australia. El viernes 25 tuvo lugar la sesión de cierre de esta conferencia que cada dos años reúne a activistas y organizaciones, así como a la comunidad médico-científica, representantes de gobiernos y programas nacionales de VIH/Sida, a la industria farmacéutica y a empresas de tecnología en materia de pruebas, reactivos y otros insumos relacionados con la investigación y la atención de las personas con VIH.
Poblaciones clave. Si en el pasado, de manera muy contraproducente, se habló de «grupos de riesgo», y luego fueron buscándose formas distintas, no estigmatizantes, para referirse a las personas con condiciones particulares de vulnerabilidad para contraer el VIH, en esta oportunidad, de acuerdo con lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su más reciente informe, se utilizó el término «poblaciones clave», que fueron el centro de atención de la mayoría de las sesiones relacionadas con la epidemiología, implementación de programas de atención y prevención, legislación y derechos humanos, y participación en el diseño de políticas públicas.
Uno de los lemas de la XX Conferencia, «no dejar a nadie rezagado», tuvo que ver precisamente con la idea de que en la atención que en términos de políticas públicas y derechos humanos se le brinde a las poblaciones clave, está la posibilidad cada vez más cierta de que el impacto de la epidemia del VIH/Sida haya disminuido considerablemente para el año 2030.
Las poblaciones clave serían: gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, personas trans e intersexuales, personas que consumen drogas, trabajadores y trabajadoras sexuales, y personas privadas de libertad. Sin embargo, se hizo notar que la OMS había dejado fuera a otras poblaciones igualmente clave –de acuerdo con la evidencia científica en cuanto al impacto de la epidemia- como las mujeres, adolescentes y jóvenes, personas migrantes y pueblos indígenas.
A pesar de que hay quienes todavía pretenden desvincular temas asociados con la sexualidad, la afectividad, las relaciones de pareja, de gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, del tema del VIH/Sida –de hecho hace pocos días fue una crítica hecha a nuestra columna a través de Twitter-, uno de los mensajes más enfáticos del subdirector ejecutivo de Onusida, Luiz Loures, fue precisamente que si se pretende disminuir considerablemente el impacto del VIH en el mundo para el 2030, el reto principal en este momento está en la implementación de programas y políticas dirigidas específicamente a esta población clave.
La evidencia mundial indica que actualmente la epidemia sigue afectando principalmente a gays y otros hombres que tienen sexo con hombres, así como a adolescentes.
Respuestas estructurales. También se demostró durante la XX Conferencia que solo respuestas integrales, basadas en la evidencia científica y con participación de la sociedad civil y las personas con VIH, producen resultados efectivos en términos de la prevención y de la atención.
Diversos estudios mostraron este trabajo colaborativo, no solo entre instituciones y organizaciones de un país, sino además con participación de organizaciones, universidades, centros de investigación, instituciones gubernamentales de otros países, junto con agencias del sistema de Naciones Unidas.
Programas públicos como el de Sudáfrica mostraron estudios en el que se evidenciaban incluso las deficiencias en la atención, de manera transparente. Esta apertura y transparencia permitió a programas de otros países discutir las formas de mejorar los programas públicos de salud.
Estar presentes en sesiones en las que se dan a conocer estos estudios y sus resultados, hizo evidentes las dificultades que enfrentamos en Venezuela para lograr una respuesta integral a la epidemia, dados la falta de inversión en investigación en el área del VIH/Sida y los intentos por ocultar las fallas en la implementación de las políticas de atención y prevención.
Ejemplo de esto fueron los meses de negación, por parte del Ministerio de Salud, de las interrupciones en la provisión de tratamientos antirretroviral para miles de personas con VIH y el hecho de que no se haya propuesto un estudio para determinar el efecto que esas interrupciones tuvieron en la salud y en la evolución del virus en las personas afectadas. Es lo mínimo que pudiera esperarse de un sistema de salud responsable y preocupado por la garantía del derecho a la salud de las personas con VIH.
