Por Rafael Uzcátgui
Como organización social, Provea trabaja en base a unos valores concretos, los cuales son la promoción y defensa de los derechos humanos, con énfasis en los llamados derechos económicos, sociales y culturales. A pesar que se desarrollan diferentes estrategias para incidir en su vigencia en el país, el apego a este mandato es la razón principal de su existencia, independientemente de los gobiernos de turno y de las circunstancias que faciliten o dificulten esta labor. En la década de los años 90, por ejemplo, Provea cuestionó la llamada “Ley de vagos y maleantes”, pues la misma era origen de diversos atropellos a la dignidad e integridad de las personas.
En aquellos años sostener esta opinión era impopular y condenaba a las organizaciones de derechos humanos a trabajar casi en la soledad. Los sondeos de opinión pública, ante el aumento de la inseguridad, sostenían la necesidad de la “mano dura” contra la delincuencia, y dicha normativa era percibida como un dique para los antisociales. Si algún calificativo era frecuente contra la Provea de aquel tiempo era ser “defensora de delincuentes”. A pesar de esto no se retrocedió en señalar, cada vez que era posible, el carácter vejatorio de dicha reglamentación.
Aunque las circunstancias han cambiado, y los adjetivos son otros, Provea sigue siendo fiel a su principio de la defensa irreductible de los derechos humanos de todos y todas las venezolanas. Es por esta razón que, en su momento, se alertó acerca de la poca pertinencia de impulsar candidaturas a diputados a personas señaladas de realizar, como funcionarios públicos, actos contra la dignidad humana. Como se recordará Provea advirtió que la posible elección de José Sánchez “Mazuco”, respaldado por los llamados factores opositores, como de Roger Cordero Lara, respaldado por el oficialismo, constituía una potencia aval a la impunidad por parte de los diferentes sectores políticos. Ambos fueron electos, y lo coherente por parte de una ONG de derechos humanos era la solicitud, por igual, de iniciar procedimientos para el allanamiento de la impunidad parlamentaria de ambos, facilitando así las investigaciones por parte del Ministerio Público. Hemos observado, con tristeza, como se ha visibilizado o silenciado los señalamientos contra alguna de estas dos personas debido a motivaciones y conveniencias particulares, incluso por personas y organizaciones que afirman promover la equidad y la justicia en la sociedad. En un país polarizado como el nuestro, que se señalen responsabilidades independientemente de la filiación política de los presuntos implicados o implicados, es condenarse al desierto.
Una cosa es que el procedimiento de allanamiento a la inmunidad de “Mazuco” haya sido arbitrario y violador del derecho al debido proceso. Otra, muy diferente, es negar o soslayar que existen elementos para ello. Del otro lado no deja de sorprender como un sector que ha expresado reiteradamente su voluntad de hacer justicia con las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, apoye como uno de los suyos a uno de los autores materiales de uno de los casos que, precisamente, denuncian. Su silencio al respecto es demasiado parecido a la complicidad. En esto somos enfáticos: Provea seguirá solicitando el allanamiento de la inmunidad del diputado Roger Cordero Lara, por su participación en la masacre de Cantaura, aunque sea “políticamente incorrecto” para los partidarios y partidarias del presidente Chávez.
A pesar de cierta incomprensión y la conjura de la sospecha, de cuando en cuando nuestra fidelidad nos obsequia con gratificaciones profundas. Por ejemplo, el agradecimiento de Francesco Gulino, un nonagenario que, con el apoyo de Provea, logró finalmente gozar de su derecho a la jubilación, tras trabajar más de 35 años en el antiguo Ministerio de Agricultura y Cría. Su caso era el mismo que el de 300 personas en circunstancias similares. En el año 2004 comenzó su querella contra las instituciones, y ha sido recientemente que la Juez Mariela Morgado Rangel, del Juzgado Décimo Cuarto del Área Metropolitana, ordenó que se le cancelara su pensión de jubilación, la cual no puede ser inferior al salario mínimo, y debe ser calculadas desde el 29 de junio de 1994, junto a los respectivos intereses. Aunque persiste la interrogante sobre la voluntad del Ministerio de Agricultura y Tierras para aplicar este criterio judicial al resto de ancianos que esperan se les reconozca su derecho a la jubilación, la cual se le negó con los mismos argumentos que a Gulino.
Esta pequeña victoria nos reitera que estamos en el camino correcto, la defensa de los derechos humanos de todas las personas, en atención a valores que ayer, hoy y mañana deben ser insobornables y no hipotecables.
07.02.11 Rafael Uzcátegui. Correo del Caroní.
