El 21 de diciembre de 2007, al ser juramentada como Fiscal General de la República, prometí en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional que tanto yo como el equipo que me acompañaría al frente del Ministerio Público seríamos tenaces, justos, equitativos, respetuosos de la garantía del Debido Proceso y, especialmente, de los Derechos Humanos, pero también, sin duda alguna, celosos cuidadores de la Moral Administrativa y de la Ética Pública.
Hoy día, puedo afirmar con orgullo que ese compromiso adquirido se ha honrado, especialmente en lo relacionado con la promoción, difusión y protección de los derechos fundamentales de todos los habitantes de este país.
Esa afirmación es palpable, no sólo porque que se hayan iniciado las investigaciones penales por los asesinados, desaparecidos y torturados entre 1958 y 1998, sino también por las contundentes actuaciones adelantadas en relación con las masacres de Cantaura, Yumare, El Caracazo, entre otras, y en las que ya se han determinado las responsabilidades.
Sostengo firmemente, que no es concebible la violación de los derechos humanos con la excusa de contrarrestar al enemigo, pues el Estado no debe bajo ese pretexto ejecutar acciones terroristas, tal cual ocurrió en Venezuela hasta 1998.
En cuanto a los hechos ocurridos en la actualidad, se ha actuado con celeridad y eficiencia para investigar violaciones a los derechos de las personas por parte de algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad, quienes se han apartado de la doctrina del respeto a la integridad y dignidad humana instaurada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el Ministerio Público, en consonancia con la protección de las garantías constitucionales y entendiendo que detrás todo hecho punible existe un profundo conflicto social, desde julio de 2011 se está implementando el Plan Nacional para la Prevención Social del Delito, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, diseñado para articular con las comunidades acciones que propicien las condiciones favorables para el impulso y desarrollo de una cultura de paz, encaminada a la no violencia.
A fin de profundizar la difusión en esta materia, decidimos ofrecer talleres sobre derechos humanos a los periodistas de los medios de comunicación social del país y a los que laboran en las oficinas de prensa de los organismos públicos; próximamente, también estaremos iniciando el primer diplomado sobre el tema, con el fin de que estos profesionales no sólo conozcan cuáles son, cómo se defienden y su alcance, sino que se conviertan en multiplicadores del respeto y garantía de los mismos. (Prensa Ministerio Público, 26/08/2013)
Fiscal General de la República.
