Hasta hace pocos años, ante la comunidad internacional, el gobierno venezolano presentaba como uno de sus mayores logros haber sostenido un programa de suministro sin costo de medicamentos antirretrovirales (ARV) a las personas con VIH a través del presupuesto público, sin necesidad de optar por otros mecanismos de financiamiento mundial, como lo han hecho otros países de la región. El Programa Nacional de VIH/Sida e ITS (PNS) del Ministerio de Salud, es el encargado de comprar, distribuir y supervisar la entrega de 29 tipos de medicamentos ARV en todos los estados del país, a través de sus coordinaciones regionales y centros de salud públicos, a unas 46.000 personas con VIH. Estos ARV son prescritos según las pautas nacionales de tratamiento antirretroviral de alta eficacia (TARV), que implica la combinación de 3 o 4 medicamentos —si falta uno, el tratamiento no funciona. La coordinadora del PNS, Dra. Deisy Matos, señalaba hace exactamente un año que algunos de estos tratamientos costaban alrededor de 10.000 bolívares fuertes mensuales.
Tomar estos medicamentos diariamente, en la cantidad indicada, con el seguimiento adecuado del médico tratante, sin ninguna restricción o suspensión relacionada con el costo, sitio y condiciones de entrega, y sin factores discriminatorios o excluyentes que inhiban su consumo, obstaculicen o causen su posible interrupción, es una garantía esencial para proteger la salud y la vida de las personas con VIH. Dejar de tomarlos puede producir graves consecuencias para la salud, generar la resistencia del virus a los medicamentos y, por lo tanto, anular la eficacia del tratamiento. Consciente de ello, el propio Programa Nacional ha dicho: “…los pacientes deben seguir las indicaciones al pie de la letra, porque de lo contrario el virus se hace más resistente, los fármacos pierden su efecto y la persona debe cambiar el tratamiento y pasar a otra generación”. Además, la reducción de los niveles de virus en la sangre no solo representa una mejor calidad de vida para las personas con VIH, sino que implica una significativa disminución de las posibilidades de transmisión.
Pero, en verdad, el Ministerio de Salud no cumple sus pautas ni son reales las cifras de cobertura de acceso a tratamientos porque, durante 4 años consecutivos —desde el 2009 hasta 2012 y lo que va de 2013—, las personas con VIH han reportado fallas crónicas y recurrentes en la entrega de alguno de los medicamentos en los distintos estados del país. El Ministerio ha estado en todo momento al tanto de esta situación, pero no publica ninguna clase de información que permita saber acerca de la programación de compras, niveles de inventario y cronograma de entregas de medicamentos. Cuando se producen fallas, no hay correctivos inmediatos ni respuestas eficaces a sus causas y para solucionarlas se espera hasta que las propias personas con VIH, víctimas de la escasez, hagan reclamos públicos. A pesar de las denuncias, las constantes peticiones y llamados de alerta, hasta la fecha el Ministerio de Salud no ha implementado mecanismos de diálogo regulares y eficaces con cerca de 100 organizaciones de la sociedad civil desplegadas en todo el país, las cuales atienden directamente a más del 50% de las personas con VIH.
El acceso universal, oportuno, completo e ininterrumpido a los TARV es una responsabilidad del Estado con el derecho a la vida y la salud de las personas con VIH. Las pocas cifras oficiales que se manejan, permiten observar una sostenida expansión del VIH y del número de fallecimientos. El PNS ha presentado insuficiencias y fragilidades sostenidas para mantener la cadena de suministro de tratamientos, las cuales se hicieron más agudas a medida que aumentaron las restricciones generales al abastecimiento de medicamentos en el país y el cada vez mayor deterioro del sistema público de salud. Es necesario, en este momento, unir esfuerzos para detener ya la pérdida de más vidas humanas y evitar una emergencia nacional por los problemas que limitan o impiden el suministro de los TARV a todas las personas con VIH.
La construcción de vías para la unión de esfuerzos, requiere de,
1. La abierta disposición de las máximas autoridades del Ministerio de Salud al diálogo plural, sostenido y permanente con todas las organizaciones de la sociedad civil que operen el país.
2. El levantamiento en el menor tiempo posible de registros básicos sobre la cadena de suministro (compras, almacenamiento, distribución y entrega), para establecer niveles de inventario seguros, controlar su comportamiento y detectar con prontitud riesgos de desabastecimiento.
3. Integrar a todos los actores involucrados en la cadena de suministro (proveedores, personal de salud, coordinaciones regionales, almacenes y transporte y centros de salud) y a las organizaciones de la sociedad civil, en un mecanismo que permita programar respuestas eficaces a los procesos críticos, asegurar la disponibilidad y distribución oportuna de los medicamentos, y reducir los tiempos de espera.
4. La implementación de un proyecto de fortalecimiento del Programa Nacional de VIH/Sida e ITS a fin de adecuar su recurso humano, sistemas de gestión y capacidades técnicas a los estándares internacionales, incluyendo la efectiva inserción de Venezuela en los mecanismos de cooperación a nivel mundial para atender las necesidadestécnicas y financieras en materia de tratamientos antirretrovirales.
@accionsolidaria
