Las palabras de Jesús  “….porque  estuve en la cárcel y me visitaste”  son, en el contexto del juicio de las naciones palabras que se dirige al corazón del hombre y la mujer ¿ de qué nos juzgará Dios? No de nuestro mero cumplimiento, sino del amor que hemos sido capaces de sembrar en el corazón  de las personas.  En tal sentido  La Pastoral Penitenciaria desde el amor y la exigencia del mandato de Jesús ha estado presente en las cárceles con una actitud de acompañamiento, búsqueda de la justicia,  defensa  y exigibilidad de los derechos humanos de los privados y privadas de libertad; sin negar el mal realizado por ellos y sus penosas consecuencias.

La Pastoral Penitenciaria desde el amor y la exigencia del mandato de Jesús ha estado presente en las cárceles con una actitud de acompañamiento, búsqueda de la justicia,  defensa  y exigibilidad de los derechos humanos de los privados y privadas de libertad

Sin embargo desde el 31 de diciembre de 2012 no hemos podido entrar a los recintos penitenciarios y seguir prestando nuestro servicio a los privados y privadas de libertad, por ordenes expresas de Ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios  y corroborado  en una entrevista publicada en el periódico Ciudad CCS El 23 de enero de 2012, la Ministra Iris Varela, afirmó que las ONGs no podían tener acceso a información relevante acerca de las condiciones del sistema carcelario ya que ella misma les impide entrar: “Esas ONGs no manejan información fidedigna porque desde que yo llegué aquí les prohibí la entrada”. 

La Oficina de Justicia y Paz de la Diócesis de Los Teques desea manifestar  su preocupación ante esta situación, por cuanto no hemos podido cumplir con parte de nuestra misión y lo mas inquieta tal como lo manifestamos en el comunicado del 24 de septiembre de este año, es que los problemas en los recintos penitenciarios se han agravado y siguen siendo un gran desafío de manera especial para el Ministerio de Servicios Penitenciarios, por cuanto el Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en una especial posición de garante, y por tanto tiene la obligación de procurar, por todos los medios a su alcance, mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos fundamentales y, en especial, de los derechos a la vida y la integridad personal. En nuestro criterio, la urgencia de la situación en las cárceles venezolanas demanda de las autoridades venezolanas la aplicación de normas que permitan la implementación de los derechos que se encuentran garantizados a nivel constitucional y que son parte de las obligaciones del Estado.

Somos conscientes de que, en materia penitenciaria, además de un marco normativo adecuado resulta urgente la implementación de acciones y políticas concretas que tengan un impacto inmediato en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. La obligación del Estado frente a las personas privadas de libertad no se limita únicamente a la promulgación de normas que los protejan ni es suficiente que los agentes del Estado se abstengan de realizar actos que puedan causar violaciones a la vida e integridad física de los detenidos, sino que exige al Estado adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de la libertad.

Observamos  que uno de los principales problemas que afectan a las personas privadas de libertad en Venezuela es el hacinamiento, la falta de alimentos adecuados, la violencia descontrolada, los retardos procesales, las vejaciones que sufren sus familiares y la infraestructura. Un claro ejemplo de ello es que la mayoría de las huelgas de las personas privadas de libertad es porque mejoren estas situaciones.

Ante toda esta realidad consideramos que es necesario: 

1.      Abordar seriamente una política penitenciaria que involucre a todos los actores entre ellos al Poder Judicial, El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los Cuerpos Policiales, las personas privadas de libertad y sus familiares, las organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema, a los empresarios y también a nuestras institución.

2.      Investigar de manera seria y efectiva los hechos de violencia ocurridos en los centros penitenciarios, con el objetivo de  establecer responsabilidades e informar  la verdad a la sociedad venezolana.

3.      Desarrollar una estrategia que permita la aplicación e implementación de los derechos que se encuentran garantizados a nivel constitucional y que son parte de las obligaciones del Estado.

4.      Implementar acciones y políticas concretas que tengan un impacto inmediato en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad.

5.      Crear una política que permitan que el control de la cárcel vuelva a estar bajo la tutela del Estado.

6.      Denunciar la corrupción reinante abiertamente en los recintos penitenciarios.

7.      Solicitar que haya un desarme real de la población reclusa.

8.      Exigir al Estado que se le permita a las Organizaciones intermedias que realizan un trabajo de Ayuda Humanitaria a los privados y privadas de libertad seguir realizando su servicio a través de las visitas y el acompañamiento permanente.

POR ULTIMO MINISTRA VARELA  LE SOLICITAMOS NOS AUTORICE LA ENTRADA A LOS RECINTOS PENITENCIARIOS PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO A NUESTROS HERMANAS Y HERMANOS  PRIVADOS DE LIBERTAD.
En Caracas 31 de octubre de 2012 

Justicia y Paz Los Teques

Email: [email protected]

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