Comienzo a escribir este artículo justo tras dejar una comunidad de migrantes en la Vega, donde junto a mis alumnos, futuros abogados de la UCAB, prestamos atención jurídica especializada en materia de derechos humamos. Una alumna me comentó en el camino de regreso “profe estoy impresionada! todavía tengo la imagen de ver como tantas personas nos esperaban ávidas de obtener una orientación, una respuesta. Usted cree que podrán resolver su situación?”.
Esa tarde en menos de cuatro horas atendimos mas de 85 casos, algunos con sólo unos meses en Venezuela, otros con toda una vida en nuestro país. La constante: tener una vida al margen de la sociedad y al acceso a derechos por no poseer documentos. Venezuela, cultural e históricamente se ha caracterizado como un país tradicionalmente abierto a oleadas migratorias, al igual que una sociedad respetuosa y tolerante a la migración. Sin embargo, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes sigue siendo una necesidad todavía sin respuesta.
A pesar de que el gobierno ha mostrado su voluntad de asumir compromisos internacionales en esta materia como lo hizo a raíz del Examen Periódico Universal en 2012 suscribiendo la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, uno de los principales tratados ONU y de tener comparativamente con otros países una legislación progresista en materia migratoria, son muchos los espacios donde hay que hacer valer los derechos que han sido reconocidos.
En su mayoría la población migrante en condición irregular o los llamados “indocumentados” están rodeados por circunstancias que los colocan en situación de vulnerabilidad, encontrándose en entornos sociales de pobreza y clandestinidad. La irregularidad migratoria de acuerdo a los tratados internacionales y la legislación venezolana no los excluye de la protección de sus derechos, sin embargo, la realidad es que se encuentran al margen de acceso a derechos y recursos para su protección.
Múltiples son las situaciones discriminatorias, los problemas y los abusos que padecen. Principalmente, el problema lo encabezan las instituciones del poder público, las cuales, son inoperantes y no brindan respuestas o protección. Adicionalmente, los conocidos casos de extorsión y chantaje por parte de funcionarios públicos, detenciones arbitrarias, falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales, abuso laboral, venta de documentos, entre otros.
Uno de los problemas preocupantes que hemos detectado es la violación al derecho a la educación de los niños, niñas y adolecentes migrantes que por no poseer documento son retirados de los colegios o en el caso que puedan seguir no obtienen su título, ni certificación de notas, ya que no existe forma de ingresarlos en el sistema por no poseer cédula de identidad, violando su derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales.
Es imperativo que Venezuela desarrolle con base a los lineamientos internacionales en la materia medidas protectoras que respondan a la condición vulnerable que tienen las personas migrantes. Dichas medidas no sólo comienzan por la adopción de la legislación especial correspondientes, sino que también, se refieren a medidas que busquen la tolerancia y el respeto de los derechos humanos de esta población en el país. Hoy en día tenemos como reto la instrumentalización y aplicación de la legislación interna, así como, la organización y funcionamiento de las instituciones publicas de una forma eficiente que brinde de manera efectiva la protección debida a las personas migrantes.
Creemos firmemente que superar las deficiencias parte primeramente de la voluntad política del gobierno. El estado venezolano debe demostrar su compromiso con la protección de los migrantes y una forma de hacerlo es promulgando finalmente la ley aprobatoria de la Convención sobre Trabajadores Migrantes y sus Familiares, convirtiéndola en ley nacional y expresando así, su verdadero compromiso frente a la protección de los derechos humanos.
