En Venezuela, entre 1996 y 2009, según los Anuarios de Mortalidad del Ministerio para la Salud disponibles, han muerto por armas de fuego 139.063 personas, entre 5 y 44 años el 78,46% de ellos. El 96,69% varones para robarles una moto, un teléfono celular, porque bailó con la chica que me gusta, porque estaba en el camino de una bala que disparé o, simplemente, porque “a mí me dio la gana matarlo”. Ya la gente no muere en Venezuela por decisión de DIOS, como decían antes, sino por una mano tan joven como quien muere, que aprieta un gatillo y decide por ÉL.
Esto significa que las consecuencias de sobrevivir después de una muerte violenta, son básicamente un problema de familia, particularmente de las mujeres de la familia que, en Venezuela, en promedio, consta de 5 personas: si 1 muere por violencia armada le sobreviven 4 personas en su familia. Esto nos lleva a una cifra de 556.252 personas directamente afectadas, muchas de ellas mujeres y niñas. Esta cifra se cuadruplica si incluimos a la familia ampliada que no reside en el mismo hogar; tías y tíos, primas y primos, abuelas y abuelos, etc. Este número llega a más de cinco millones de personas en duelo más o menos profundo, siempre doloroso, que explica el miedo con el cual vivimos hoy las y los venezolanos, reflejo de una crisis de violación del derecho a la vida, que mantiene a la población temerosa de ser el próximo en morir o la próxima en llorar la muerte de un hijo, hermano, padre, esposo o compañero de vida.
Este drama nacional amerita respuestas urgentes que den apoyo a las mujeres que encabezan la mayoría de estas familias, para ayudarles a superar el duelo por la muerte violenta, que es más traumático por ser súbito e inaceptable. El predominio de mujeres en este grupo de víctimas secundarias sigue pasando desapercibido, a pesar del costo en salud física y mental que implica para ellas.
DEL DOLOR A LA ESPERANZA
Hay que prevenir y evitar que continúe la endemia homicida e intervenir para reducir el trauma social que sufre el país. Para ello el Estado debe:
· Desarrollar políticas públicas coordinadas, descentralizadas, con base comunitaria y personal capacitado en salud mental y trabajo social, que ayude a elaborar el duelo en las mujeres, niños y adolescentes para que no busquen la venganza y no se los trague la violencia.
· Garantizar el acceso a la justicia sin complicidad, corrupción policial o ineficiencia del Ministerio Público, tribunales y prisiones.
· Desarrollar la educación para la paz desde la escuela, para prevenir la violencia, atenderla y derivar al sector salud de ser necesario.
· Las universidades nacionales deberán proveer recursos humanos aptos para enfrentar estas necesidades y apoyar las organizaciones de la sociedad civil.
· Dar prioridad en las políticas de vivienda, trabajo y educación a las mujeres y sus familias, víctimas secundarias de la violencia por armas de fuego.
Magally Huggins Castañeda, Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres
