Esta semana se han cumplido 40 años del golpe de Estado en Chile.
Durante la dictadura de Pinochet, organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo condenaron las atrocidades cometidas por los militares fascistas, demandaron el fin de la represión y mantuvieron una actitud vigilante ante tales desafueros.
Sistemáticamente esas denuncias fueron rechazadas por la dictadura como parte de una “conspiración contra la soberanía de Chile.”
Desde el primer momento, gobiernos democráticos como los de Suecia, Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, México y Venezuela se solidarizaron con las víctimas y aislaron diplomáticamente al régimen militar.
Pero se requería de instancias internacionales independientes e imparciales que llevaran un registro de esos hechos y que adoptaran iniciativas eficaces para proteger a quienes eran perseguidos por la dictadura.
Entre esas instituciones, a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les cupo un papel prominente, pero esto también fue descalificado por Pinochet como una “conspiración contra la soberanía nacional.”
En 1975, la ONU estableció un Grupo de Trabajo encargado de investigar la situación de los derechos humanos en Chile, cuyo mandato fue luego sustituido por el de un Relator especial de la antigua Comisión de Derechos Humanos, con la misión de hacer un seguimiento a la situación de los derechos humanos en dicho país hasta el fin de la dictadura.
Ni el Grupo de Trabajo ni el Relator Especial fueron autorizados para visitar Chile y comprobar in situ las múltiples denuncias sobre violaciones de derechos humanos.
Su labor fue igualmente descalificada como “una intromisión en los asuntos internos” del Estado y como parte de “una conspiración internacional contra” el país.
Desde el momento en que se produjo el golpe de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo pendiente de la situación y envió a su Secretario Ejecutivo para que recogiera información y le presentara un informe.
Posteriormente, en julio de 1974, la CIDH visitó Chile con la anuencia de la dictadura, pero a partir de ese momento no se volvió a permitir una visita de la CIDH, a la que se acusó de estar “parcializada” contra Chile.
A pesar de la falta de cooperación del gobierno militar, la CIDH continuó dedicando en sus informes anuales una sección especial a la situación de los derechos humanos en Chile.
Además, en 1985 elaboró un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en ese país.
Aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos aún no había sido ratificada por Chile, la CIDH realizó importantes gestiones que permitieron salvar vidas y rescatar de las garras de la dictadura a muchas personas que la combatieron.
Los chilenos demócratas tienen una deuda de gratitud con la CIDH.
Conscientes de que los tratados de derechos humanos son para proteger a los ciudadanos de sus gobernantes, la primera medida del gobierno democrático que sucedió a Pinochet fue ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las teorías conspirativas, propias de mentes fascistas, dieron paso a la garantía internacional de los derechos humanos. Ese control internacional es el freno frente al abuso y la arbitrariedad.
Este 40 aniversario del golpe de Estado en Chile coincide con el momento en que se hace efectiva la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de Venezuela, por considerar que la CIDH y la Corte Interamericana forman parte de “una conspiración internacional” contra su gobierno.
Que el Gobierno sostenga los mismos argumentos de una dictadura despreciable no es mera coincidencia. (El Nacional, 13.09.13)
