¡Y hasta que la ministra el pasado domingo, ofreció un balance de la requisa que han realizado en el Reten de La Planta! Ahí dijo: «Todo el mundo fue testigo de que en los últimos días del conflicto los privados de libertad detonaron más de 90 granadas, nosotros contamos 97 que estallaron dentro del recinto.
Como responsable del área, cada vez que estallaba uno de esos artefactos, yo sentía mucho temor por las personas inocentes que están allí, gracias a Dios no hubo muertos, logramos evacuar 280 personas, que las sacamos del área de cabañas y trabajo por un boquete, ahí incautamos una gran cantidad de armamento, alrededor de 29 mil municiones.
El Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) logró entre el 5 y el 28 de mayo, llegarle a las llamadas «caletas» y así ubicar 87 armas de fuego entre revólveres, pistolas y fusiles, 74 mil proyectiles de distintos calibres, 18 granadas fragmentarias, 4 bombas lacrimógenas y 2 morteros de 1 ½ pulgada cada uno». Todavía falta por requisar un 40 por ciento del penal.
Esta es una realidad que lamentablemente no la asumen, con la seriedad del caso, en vista que a la ministra nada más y nada menos se le ocurre decir que estas armas ingresaron a la prisión antes de la revolución.
Si este arsenal fue encontrado en dos requisas, la pregunta que cabe hacerse es cuántas armas hay en los demás penales, ya que en video y fotos, los propios internos las han mostrado, sin miedo de sus consecuencias. A casi un año de gestión de la ministra Varela, los resultados no son favorables, sino por el contrario, muy desfavorables.
En los primeros 5 meses, murieron 223 reclusos y el doble resultaron heridos. Cuando la ministra nos dice que la Cárcel de Yare está bajo control, cómo al final de la tarde del pasado sábado estaba tirado el cuerpo sin vida de un recluso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I, que ingresó a la morgue del Cicpc del Tuy presentando múltiples impactos de bala; el infortunado interno respondía en vida al nombre de Jheydarwin Jesús Gutiérrez Monasterio, de 22 años de edad, y murió de manera inmediata.
Lo mostrado a los medios de comunicación ante el país, solo demuestra el alto índice de corrupción en que se encuentran las autoridades Penitenciarias (Guardia Nacional y custodios).
Una solución, ministra: Desde nuestra naturaleza incluyente, participativa y concertadora, y fieles al compromiso del respeto de los Derechos Humanos, consideramos la creación de una Mesa de Concertación para desarmar la violencia carcelaria, debe integrarse a partir del nivel institucional del Estado con la participación ciudadana, así: El Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Poder Judicial, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, las Iglesias de diferentes denominaciones, y demás sectores. (Humberto Prado, Tal Cual, 06.06.12)