Desde su creación, el Ministerio Penitenciario ha impulsado 4 planes, cada uno con los errores y aciertos que he comentado en otras oportunidades.
Sin embargo, el desarrollo de algunos hechos ha demostrado otra práctica de dicha institución: desalojar y clausurar penales
El primer caso fue el de “La Planta”, clausurada luego de que se diera a conocer la presunta fuga de unos internos y el asesinato de una mujer por parte de su pareja.
En los hechos perdieron la vida un interno y un vecino de la zona, pero además resultaron heridas otras siete personas que vivían en las adyacencias.
En ese momento la decisión de la ministra fue clausurar el penal, aunque eso implicara dejar a la capital sin cárcel. Meses más tarde se repitió la historia en el Internado Judicial de Coro con algunas variantes.
Luego de numerosas denuncias de extorsiones que supuestamente se practicaban desde ese recinto y diferentes hechos de violencia, también se procedió a desalojar y clausurar el penal que fue construido en 1929.
En enero de este año ocurrió la peor masacre en la historia penitenciaria de Venezuela: 61 internos, 1 guardia nacional y 2 visitantes fueron asesinados en la Cárcel de Uribana.
Tras horas de angustia y dolor vividos por internos y sus familiares, el Ministerio decidió trasladar la población a diferentes penales del país con la promesa de que tres meses más tarde regresarían.
Casi ocho meses más tarde se clausura otro penal: Sabaneta.
Acción que también fue precedida por hechos de violencia que dejaron el saldo de 16 muertos. En medio de controversias por el poder que ostentaba el líder de la Cárcel Nacional de Maracaibo, la ministra que pareciera actuar bajo la popular premisa de “como vaya viniendo vamos viendo”, ordenó el traslado de los privados de libertad a 13 cárceles.
Entre otras cosas, llama la atención la entrega de enseres a los familiares, pues muchos ven con normalidad que neveras y cocinas sean sacadas de un recinto donde se supone que el Estado garantiza el derecho a la alimentación.
Ahora bien, todas estas clausuras tienen elementos comunes: fueron precedidas por hechos de violencia, la población penal fue trasladada a cárceles que ya se encontraban hacinadas, se agravó el retardo procesal y las condiciones indignas de reclusión.
Asimismo, quedó demostrado que el Estado no tiene el control de los recintos penitenciarios, ya que al parecer, la única manera que sus funcionarios han conseguido para realizar una requisa es desalojar por completo el penal.
A la fecha, 4 penales han sido desalojados y aun así continúa el hacinamiento, el retardo procesal, el tráfico de armas y drogas, el ocio, la corrupción y la violencia que nos posicionan como el país con las cárceles más peligrosas del mundo.
Todo esto demuestra que lejos de solucionar, los desalojos han agudizado la problemática penitenciaria en el país.
