Durante los días 3 y 28 de noviembre de 2014 se desarrollará el 53° Periodo de Sesiones del Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas. En el marco de ese Periodo, el Comité examinó al Estado venezolano los días 6 y 7 de noviembre en base a la información recibida de Organizaciones No Gubernamentales y el propio informe del Estado.
Como Coordinador General del Observatorio Venezolano de Prisiones, tuve la oportunidad de asistir a las reuniones del Comité en Ginebra, Suiza, donde una vez más evidenciamos el débil discurso de los representantes del Estado ante organismos internacionales y su falta de compromiso con la defensa y garantía de los Derechos Humanos de los venezolanos.
En este sentido, conviene resaltar que durante el primer día, los expertos del Comité realizaron preguntas a la Delegación del Estado, encabezada por José Vicente Rangel Avalos acerca de diferentes temas: represión en las protestas, situación de personas LGBTI, prácticas de tortura en las cárceles, políticas impulsadas por el Estado para prevenir y sancionar la tortura, entre otros.
En cuanto al tema carcelario, fue muy lamentable escuchar el discurso de la representante del Ministerio Penitenciario, Carmen Morales, quien aseguró que en el 87% de las cárceles no había violencia, pero aun así reconocía 402 muertes en el 2013. De igual forma, esta funcionaria hizo alusión al Régimen Penitenciario en el que los internos son obligados a realizar orden cerrado todos los días como si fueran cadetes.
Por si fuera poco, la señora señaló que todos los presos venezolanos tenían acceso al agua potable; frase totalmente discutible ya que el Estado no garantiza ese derecho y en los únicos casos donde los internos beben agua potable es cuando sus propios familiares se las llevan en envases plásticos los días de visita.
Por otro lado, la representante del Estado venezolano se refirió a la infraestructura penitenciaria, aseguró que en el país no hay hacinamiento, ya que se cuenta con 82 cárceles (50 para adultos y 32 para adolescentes). En ese sentido, destacamos que en realidad existen 52 centros penitenciarios y que es muy irresponsable contabilizar los anexos o los centros de adolescentes como penales solamente para aumentar una cifra y hacer ver que se ha incrementado el número de plazas disponibles.
Asimismo, la funcionaria negó que se realizaran revisiones corporales denigrantes e invasivas. En varias oportunidades, el OVP ha denunciado cómo se obliga a las mujeres a desnudarse completamente, agacharse y dar saltos de ranas frente a un espejo, entre otras cosas vejatorias que se les exige para ingresar a visitar a sus familiares.
En el tema penitenciario, también es importante destacar que los funcionarios del Estado no explicaron lo sucedido en la masacre de “Uribana” el pasado mes de enero de 2013, ni las denuncias de tortura en la Cárcel de Yare III, ni la desaparición del privado de libertad Francisco Guerrero en la Penitenciaría General de Venezuela.
En definitiva, es muy lamentable que el Estado venezolano no diera respuestas claras a los expertos del Comité Contra la Tortura, sino que se dedicaran a reproducir discursos sobre la Revolución y las debilidades de la “Cuarta República”.
