El Estado venezolano será sometido el próximo 07 de octubre a una evaluación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta.
El pasado lunes 21 de marzo venció el plazo para que organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo enviarán información sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El 16 de julio será la fecha de culminación del plazo que tiene el gobierno venezolano para presentar su punto de vista.
Adicionalmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizará una compilación preparada de la información contenida en los informes de los órganos que supervisan el cumplimiento de los tratados ratificados por Venezuela. Es decir, información de organismos como el Comité Contra la Tortura, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y Comité de los Derechos del Niño.
Toda la información aportada y recopilada servirá para que los 47 Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos realicen un diálogo con el gobierno venezolano y elaboren una serie de recomendaciones para que se superen déficit existentes en la garantía de los derechos y se mejoren buenas prácticas.
Uno de los aspectos importantes de este Examen es que dentro de cuatro años, el país volverá a ser evaluado sobre el cumplimiento de las recomendaciones que surjan de la evaluación a realizarse. Es decir, elproceso no termina el 07 de octubre. Ahí culmina una etapa y se inicia otra.
El Estado deberá adoptar políticas y asignar el presupuesto suficiente para cumplir las recomendaciones. La sociedad civil tiene el deber de realizar una efectiva contraloría social sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones y en la medida de sus posibilidades presentar propuestas concretas para que las recomendaciones se conviertan en transformaciones positivas para la vigencia de los derechos humanos.
El diálogo y trabajo conjunto de las instituciones del Estado con las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para avanzar en el corto y mediano plazo en la mejora de la situación de los derechos humanos en el país.
Colocar obstáculos al trabajo de las organizaciones, descalificar su acción y no considerar los aportes que sugieren, incrementa las dificultades para superar el déficit existente.
Organizaciones como Cofavic, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Espacio Público, Una Ventana por la Libertad, el Observatorio Venezolano de Prisiones, Control Ciudadano, Convite, Acción Solidaria y Provea enviamos información diversa con la cual se puede organizar un debate público.
Queda de parte del gobierno decidir si cumple la recomendación de Naciones Unidas de promover ese debate y trabajo conjunto.
Fuente: Tal Cual 25.03.2011
Marino Alvarado
Coordinador general de provea
@marinoalvarado
