«El enemigo de Venezuela es todo el que quiera poner un pie aquí. Y yo no dudo de que los estadounidenses quieran venir a buscar petróleo. Tenemos que estar preparados: Si quieres la paz, prepárate para la guerra». Así declaraba en noviembre de 2008 el Jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, General Jesús González, para justificar el incremento de 555% en gasto armamentístico realizado por el gobierno venezolano en los últimos 10 años. “Los yanquis quieren nuestro petróleo”, “tenemos que proteger nuestras instalaciones petroleras de cualquier amenaza imperial”, palabras más, palabras menos, el discurso del presidente Chávez y de todos los funcionarios de su gobierno, ha querido instalar en el imaginario popular el peligro de una supuesta confrontación con Estados Unidos. Los bombarderos gringos atacarían nuestras refinerías con la intención de derrocar al gobierno “antiimperialista y revolucionario” del comandante presidente, y llevarse nuestro petróleo porque, según la mentira oficial, ahora PDVSA es de los venezolanos y no de las transnacionales.
Los sucesos ocurridos en el Complejo Refinador de Paraguana – Amuay, demuestran que no hacen falta bombarderos supersónicos para destruir nuestra principal industria. En primer lugar, porque más allá del discurso gobiernero, las transnacionales Norteamericanas, Rusas, Españolas, Chinas y de otros países, continúan saqueando nuestras riquezas de la misma forma en que lo hicieron en el pasado, hoy con mayores garantías y en condición de socias, gracias a la creación de las llamadas “empresas mixtas”, que no son otra cosa que la disimulada privatización de PDVSA.
En segundo lugar, porque la ineficacia gubernamental y la corrupción en el manejo de los recursos generados por la renta petrolera y la producción gasífera, han convertido a PDVSA en una especie de caja chica al servicio del partido de gobierno, ocasionando el progresivo desmantelamiento de las instalaciones, la ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo, y la violación a protocolos de seguridad industrial, lo que trae una consecuencia lógica: la reiteración de accidentes y la caída en los niveles de producción.
Según un trabajo realizado por el diario El Universal, sólo en el año 2012 se han reportado más de 30 accidentes de distinta magnitud, asociados a la industria petrolera. El 7 de enero de este año, Iván Freites, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos del Estado Falcón (SUTPGEF) y Secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), denunció la explosión del horno F-301 de la Refinería Cardón, lo que causó la paralización de la actividad, afectando la producción de naftas y gasolinas de alto octanaje para exportación.
Posteriormente, el 13 de enero, se hundió una embarcación en el Estado Zulia, dejando saldo de un fallecido y nueve heridos. Un día después, el 14 de enero, dos trabajadores murieron y 22 resultaron heridos al chocar una gandola con el autobús que los transportaba desde el Estado Zulia hasta Caracas, para asistir a un acto del presidente Chávez. El 21 de enero, trabajadores petroleros del Complejo Refinador Paraguaná, denunciaron su inconformidad con la inseguridad industrial y personal que padecen en las instalaciones de la refinería.
En lo que quizá fue una de las principales crisis ambientales de la historia venezolana, el 06 de febrero de 2012, aproximadamente 1000 barriles de petróleo fueron vertidos al río Guarapiche en el Estado Monagas, luego de la rotura de una tubería que transportaba crudo desde las instalaciones de Jusepín. La tardía y poco efectiva respuesta de las autoridades y gerencia de PDVSA, ocasionó un verdadero ecocidio en la zona, y mantuvo sin agua potable por más de un mes al 80% de los habitantes de Maturín y otras poblaciones cercanas.
La lista es aún más larga y llevaría algo de tiempo reseñar cada uno de los sucesos ocurridos durante la gestión del Presidente Chávez, y concretamente desde que Rafael Ramírez, está al frente de Petróleos de Venezuela, S.A.
Lo ocurrido este sábado no es más que la crónica de un accidente anunciado, parafraseando a García Márquez, otra evidencia del talante antiobrero del gobierno. Las víctimas, 26 fallecidos y más de 80 heridos, eran trabajadores humildes y jóvenes integrantes de la Guardia Nacional, nuevas víctimas de la corrupción y la indolencia gobiernera que ha sometido a los trabajadores a la precarización de sus empleos, a condiciones de inseguridad laboral, al desconocimiento de sus derechos y reivindicaciones y al permanente riesgo de perder sus vidas.
Probablemente los heridos de Amuay llegaron a hospitales carentes de insumos y equipos para atenderlos dignamente. Los más de 4.000 millones de dólares gastados en armas para “proteger a nuestro petróleo”, no alcanzaron siquiera para dotar de gasa y algodón nuestros centros de salud, mucho menos para hacer las inversiones necesarias que hubieran evitado esta tragedia.
Al ver las fotografías de los daños causados por la explosión, no queda duda que Amuay se convirtió en una zona de guerra, solo que el enemigo no vino del cielo, ni de porta aviones anclados en el Caribe, ni de mísiles teledirigidos desde una base enemiga de ultramar. La devastación y la muerte que vemos en las gráficas y que nuevamente nos llenan de indignación, fueron causadas por un enemigo más cercano, el enemigo de los trabajadores venezolanos, que desconoce los derechos de miles de obreros y empleados del país, pone en riesgo sus vidas, criminaliza la protesta, persigue a dirigentes sindicales y nos somete a condiciones de vida cada vez más asfixiantes. Ese enemigo es el gobierno.
Ya se levantan voces exigiendo la renuncia o la destitución del Ministro y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, eso debería ser lo más coherente para un gobierno serio, pero sabemos que la seriedad no es una característica del actual régimen. Al gobierno no le duelen los muertos de la clase obrera, al contrario, su desprecio y su indolencia enlutan a estas 26 familias venezolanas.
Amuay no puede quedar impune, las víctimas y sus familiares deben ser oportunamente indemnizadas, debe señalarse a los responsables directos e indirectos de esta tragedia, y deben hacerse las inversiones necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones petroleras.
¡Unida en la lucha, la clase obrera se solidariza con nuestros hermanos Falconianos!
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