Rubén González apostó a sus convicciones. Ante las inmensas carencias y atropellos por parte de un patrón que violaba sus derechos y el de sus compañeros, hizo lo que haría cualquier dirigente sindical comprometido con su causa. En el año 2009, entre el 11 y 26 de agosto, junto a 2000 trabajadores de Ferrominera Orinoco, inició una huelga en reclamo ante el incumplimiento de la convención colectiva firmada el 5 de enero de 2009 y homologada el 1 de junio de ese mismo año.
Un mes después fue detenido e imputado por la supuesta comisión de los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo, y violación de zona de seguridad. Permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 21 de enero de 2010, fecha en la que se decretó su arresto en la cárcel de la sede policial del Municipio Caroní del Estado Bolívar. Rubén había pasado 14 meses en prisión.
Posteriormente, el 28 de febrero de 2011 fue condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, lo que generó la movilización y el repudio de las distintas organizaciones sindicales y de defensa de los Derechos Humanos en el país, lográndose la anulación de aquel juicio, pero no el sobreseimiento de la causa, por lo que Rubén González se ha visto obligado a presentarse periódicamente ante los Tribunales a la espera del inicio del nuevo juicio en su contra.
En Venezuela durante el año 2011, se realizaron 2.093 protestas por diferentes demandas laborales insatisfechas. El común denominador en cada una de ellas fue la inexistencia de voluntad por parte de los patronos, fundamentalmente el estado, para atender los reclamos de los trabajadores. De igual forma, según cifras ofrecidas por el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), hasta la presente fecha más de 400 convenciones colectivas de empresas del estado y la administración pública, se encuentran vencidas y las posibilidades de negociación y discusión están cerradas por parte del estado-patrono.
El caso Rubén González, es el más emblemático reflejo de la política del estado venezolano de criminalizar la protesta y atentar contra la libertad sindical. Al igual que él, más de 1200 directivos sindicales se encuentran sometidos a regímenes de presentación ante los tribunales, por el solo hecho de haber ejercido el libre derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional.
Rubén González fue ratificado por los trabajadores como Secretario General del Sindicato de Ferrominera Orinoco. Pese a ello, debió asistir nuevamente a los Tribunales este 23 de agosto al inicio del nuevo juicio en su contra. Las acusaciones que sobre él pesan y la persecución de la que es víctima, demuestran el grave peligro que corren quienes se comprometen a levantar las banderas del sindicalismo combativo y autónomo. El gobierno venezolano, ha desoído las recomendaciones dadas por la OIT, que en 2010, a través de su Comité de Libertad Sindical solicitó el cese de las acciones penales contra dirigentes sindicales, por representar “graves riesgos de abuso y serias amenazas a la libertad sindical” e insiste en criminalizar la protesta y poner frenos al sindicalismo libre.
El juicio a Rubén González, es una asignación de primer orden para las organizaciones sindicales y de defensa de los Derechos Humanos del país. La libertad Sindical y el derecho a la protesta pacífica, sin riesgos de criminalización y persecución por parte de los órganos del estado, son complementos indispensables para la construcción de una democracia verdaderamente participativa y protagónica y para la materialización efectiva de ese “estado social de derecho y de justicia” que expresa nuestra Carta Magna.
