Inti Rodríguez / Autogol en derechos humanos

El 30.08.2014 miembros de Provea acudieron a la sede del SEBIN en El Helicoide con el propósito de visitar a las personas que permanecen allí detenidas, para constatar el respeto a su integridad física y las condiciones de reclusión en que se encuentran.

Esta visita, se realizaría luego de los acuerdos alcanzados entre esta ONG y el Director del organismo policial, quien en presencia del Ministerio Público, se comprometió a permitirnos conversar con la totalidad de detenidos –incluyendo funcionarios policiales- que están recluidos en el citado establecimiento.

Ese compromiso fue incumplido por el funcionario ya que sólo se nos permitió conversar con Sairam Rivas, quien esta semana alcanzó más de 118 días de detención, luego que fuera aprehendida por efectivos de la GNB mientras participaba en el campamento que se realizaba en la Plaza Sadel el pasado 08.05.2014. El encuentro, además, no pudo realizarse en privado.

También esta semana efectivos del SEBIN impidieron que el señor Gerardo Carrero visitará a su hijo en la sede del cuerpo policial ubicado en Plaza Venezuela. Como se recordará Gerardo Carrero hijo, denunció días atrás haber recibido una golpiza por parte de un funcionario del SEBIN, a quien se le abrió una investigación a solicitud del Ministerio Público. Desde el 28.08.2014 ni el padre de Carrero, ni sus abogados defensores, han podido visitarlo para constatar que se encuentre en buen estado de salud.

Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008 y acogidos por el Estado venezolano, establecen que las personas privadas de libertad tienen el derecho de mantener contacto personal y directo, mediante visitas periódicas, con sus familiares, representantes legales, y con otras personas que así lo deseen.

Asimismo, la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, establece que todas las personas, individual o colectivamente, tienen derecho a comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales de defensa de derechos humanos a fin de proteger y promover el respeto a sus derechos.

Impedir el contacto de los privados de libertad con sus familiares, abogados defensores u ONG de derechos humanos, no sólo contraviene principios e instrumentos que protegen los derechos de los detenidos, sino que además viola estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de tortura.

El Relator ONU para Defensores de Derechos Humanos, ha instado a los Estados a crear condiciones propicias para que las ONG puedan ejercer su labor sin obstáculos ni impedimentos. Provea, como organización defensora de derechos humanos, tiene el mandato y el derecho de verificar el respeto a los principios constitucionales y el apego a los estándares nacionales e internacionales para proteger a personas privadas de libertad.

El Ejecutivo afirma que respeta y garantiza los derechos de los detenidos. De ser cierto esto, no entendemos por qué se sigue entorpeciendo nuestra labor y la de otras organizaciones de velar precisamente por el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad. Con cada obstáculo que se interpone a la realización de los derechos de los detenidos y a la labor de las ONG, el Gobierno contradice su propia afirmación y se sigue metiendo autogol en materia de derechos humanos.

(*) Coordinador de Medios de Provea
www.derechos.org
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@intiamaru79