El 16 de febrero se cumplirán 2 años desde que el presidente Maduro, durante una visita al hospital de Coche en Caracas, reconoció la crisis del servicio nacional de salud. En dicha ocasión, el primer Mandatario anunció la (auto) intervención de este y otros centros hospitalarios del país. Finalizando ese año, el Presidente se refirió nuevamente a la crisis señalando que la situación del servicio de salud era una “vergüenza nacional”.
Sin embargo, hasta el presente no hay soluciones y por el contrario es evidente el avanzado deterioro de la infraestructura hospitalaria y la poca disponibilidad de servicios de calidad públicos y gratuitos para garantizar la realización del derecho a la salud de todas y todos los venezolanos.
En 2013, el reconocimiento y anuncio presidencial no evitó que se produjera un incremento de 84% en el número de situaciones de impedimentos para la prestación de servicios de salud pública, como las constantes interrupciones en la entrega y aplicación de tratamientos a personas en condición crónica de salud, entre ellas los miles de pacientes sometidos a tratamientos de radioterapia.
En 2014, la aprobación de 81 millones de bolívares destinados a la rehabilitación de 24 centros de salud públicos entre ellos el Hospital Clínico Universitario y el Hospital J.M. de los Ríos en Caracas, no fue suficiente para revertir el avanzado deterioro en la infraestructura de estos recintos y su escasa dotación de equipos e insumos.
Sí, se ha reconocido la crisis, pero solo reconocerla no basta. Dos años después del reconocimiento del Presidente persiste la problemática y el Estado sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de derecho a la salud. Las soluciones no llegan y el deterioro avanza.
¿Cuáles son las obligaciones del Estado en materia de derecho a la salud?. Señalamos tres de ellas:
1.- El Estado debe destinar el máximo de recursos para garantizar un servicio de salud gratuita adecuado y que de respuestas a las necesidades de la población, esas políticas y recursos deben ser utilizados de manera eficiente para garantizar que cumplan con sus objetivos. Para ello la participación, la generación de consensos, la transparencia en el manejo de recursos y el fortalecimiento de los mecanismos de contraloría social son claves para evitar que los hechos de corrupción dilapiden los esfuerzos que se promuevan en este sentido.
2.- El Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la suficiente disposición de medicamentos, bienes y servicios orientados a la satisfacción del derecho a la salud. La ausencia de medidas efectivas, adecuadas y sostenibles para solventar las constantes fallas y las deficiencias en la prestación del servicio tiene como consecuencia la profundización de la crisis, generando que la población sea privada de tratamientos y servicios de atención esenciales. Según cifras de la Federación Farmacéutica Venezolana y la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, Laboratorios y Afines, la escasez alcanza el 60% en el caso de las medicinas y 85% en el caso de los insumos médicos
3.- El Estado debe adoptar medidas para que los bienes, servicios y establecimientos de salud cuenten con suficiente personal médico capacitado, medicamentos e insumos y equipo e infraestructura hospitalaria adecuados y en buen estado. Basta visitar una sala de emergencia de cualquier hospital público del país para constatar el estado de abandono de la infraestructura hospitalaria, la insuficiencia de personal o la falta de equipos e insumos adecuados y suficientes para atender a los pacientes. Siguen falleciendo personas al no poder ser atendidas oportunamente, miles de personas siguen en listas de espera para poder ser operadas y otros miles más ven interrumpidos sus tratamientos ante la insuficiencia de medicamentos o el deterioro de los equipos.
Después de dos años de promesas incumplidas la crisis de la salud nos sigue golpeando a todos, sobre todo a los más pobres. Reconocerla no basta, necesitamos soluciones.
