El pasado mes de septiembre, el gobierno venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) ingresando así, en la lista de países que se han puesto al margen de los sistemas regionales de protección de los DD.HH, transitando un camino por el que ya pasaron gobiernos como el de Trinidad y Tobago y el Perú de Fujimori. Esta decisión constituye un retroceso histórico para Venezuela, al tiempo de significar un desconocimiento a la labor que, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SistemaIDH) en su conjunto, ha realizado para la protección de las víctimas de violaciones por parte de los estados.
Entre las justificaciones empleadas por la representación del estado venezolano, está el señalamiento hecho contra el SistemaIDH de “parcializarse” a favor de los intereses de Estados Unidos, imputar a los estados latinoamericanos de violaciones “inexistentes” de DD.HH y, como elemento catalizador de la denuncia, la negación por parte del gobierno nacional de la existencia de una masacre en la comunidad Yanomami de Irotatheri, al sur del Estado Amazonas, luego de que organismos y organizaciones nacionales e internacionales de protección y defensa de los Derechos Humanos, solicitaran una investigación, ante las afirmaciones hechas el pasado septiembre por representantes de las comunidades indígenas.
Pero, si los voceros del estado venezolano señalan que el SistemaIDH, es un instrumento del imperialismo para desestabilizar al gobierno y a sus pares aliados, cabría preguntarse entonces: ¿cuál ha sido la actuación del gobierno de nuestro país, ante algunas de las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), cuando esta última ha emitido pronunciamientos a favor de las víctimas de violaciones de DD.HH, realizadas con anterioridad a la llegada al poder del Presidente Chávez?.
El Amparo. El 29.10.1988, la población Apureña de El Amparo, fue el escenario de la masacre de 14 campesinos a manos de efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez”, unidad compuesta por efectivos de la Fuerza Armada Nacional, la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), y la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), quienes intentaron justificar el hecho, alegando que las víctimas eran guerrilleros colombianos y que habían atacado a los efectivos, por lo que estos habían respondido con el uso legítimo de la fuerza. 24 años después, y luego que la CorteIDH condenara al estado Venezolano, ordenándole castigar efectiva y oportunamente a los autores materiales y encubridores de la masacre, la impunidad sigue cubriendo el caso y mantiene a familiares y víctimas sin obtener justicia. No bastando con ello, el Presidente de la República designó como candidato del partido oficialista, a la gobernación del Estado Guárico para las elecciones del próximo 16.12.2012, al ex Capitán de la Marina, Ramón Rodríguez Chacín, quien es señalado como autor material de la Masacre de El Amparo.
Haximú. Año 1993. En la comunidad Yanomami de Haximú, al sur del Estado Amazonas, 16 indígenas pertenecientes a esta etnia fueron asesinados a manos de mineros ilegales brasileños. En 1996, se elevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComisiónIDH) la demanda contra el estado Venezolano, toda vez que en la jurisdicción nacional no se obtuvo el castigo a los responsables directos e indirectos de la masacre de Haximú. Luego, en el año 1999, representantes del estado venezolano, comunidades indígenas afectadas y organizaciones de defensa de DD.HH, suscribieron un acuerdo amistoso, en el que el estado venezolano se comprometió a brindar la protección necesaria a estas comunidades ante la amenaza de la minería ilegal, y a impulsar un Plan de Salud que beneficiara al pueblo Yanomami. Hasta el presente, el prometido Plan de Salud y la mayoría de los acuerdos alcanzados, no se han materializado, debido al incumplimiento del estado venezolano.
Recientemente, el 12.10.2012, la CorteIDH, condenó al estado venezolano por el asesinato de Néstor José Uzcátegui a manos de efectivos de la Policía del Estado Falcón, hecho ocurrido en el año 2001. En este caso, como en tantos otros, la única posibilidad que tuvieron los familiares de la víctima para obtener justicia, fue acudir ante órganos del sistema interamericano de protección de los DD.HH, toda vez que en el país no obtuvieron respuestas oportunas ni castigo a los culpables.
Como siempre, esperaremos que el gobierno venezolano rectifique su posición y lejos de persistir en el retiro del SistemaIDH, se comprometa a fortalecer los instrumentos y mecanismos de protección de los Derechos Humanos en Venezuela y América Latina, castigue a los culpables y repare los daños causados a las víctimas.
Rafael Courtoisie, poeta uruguayo escribió alguna vez: “Un día, todos los elefantes se reunirán para olvidar. Todos menos uno”. Las víctimas no olvidan.
