El pasado 23 de julio el Ministerio Público informó sobre la medida privativa de libertad dictada por el Tribunal 7º de Control del estado Carabobo, a los funcionarios policiales Juan Carlos Bonilla Ascanio, Andi José Brea Alvarado y Humberto Israel Contin Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el asesinato de los ciudadanos Efraín Alexis Figueroa Sumoza (55) y de su sobrino Guiornathan Alexis Mirelis Figueroa (31). Estos ciudadanos fueron asesinados el pasado 23 de octubre de 2015, en el sector El Samán de la población de Guacara, en el marco de la realización del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).
Según las evidencias presentadas por el Ministerio Público, el 23 de octubre en la madrugada una comisión policial se presentó en la vivienda de Figueroa Sumoza y requirió la presencia de su sobrino Mirelis Figueroa. Sin embargo, los funcionarios se marcharon debido a que no localizaron al sobrino del ciudadano. “Minutos después los efectivos encontraron a Mirelis Figueroa en las adyacencias del lugar y le dispararon. Posteriormente, regresaron a la residencia de Figueroa Sumoza y llevaron a su cónyuge e hija al patio; mientras que a este lo trasladaron a una de las habitaciones desde donde se escuchó un disparo”, informó en nota de prensa.
El resultado de esta investigación confirma las reiteradas denuncias realizadas por familiares de víctimas, ONG y activistas de derechos humanos, sobre la existencia de un elevado número de ejecuciones policiales en el marco del OLP. Estos y otros abusos han sido alentados por funcionarios gubernamentales, quienes han intentado favorecer la impunidad justificando el uso desproporcionado de la fuerza y presentando ante la opinión pública, información falsa sobre el resultado de los operativos.
El 23 de octubre de 2015, el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, informó que durante el despliegue del OLP en Guacara el ciudadano Alexis Mirelis Figueroa, había resultado asesinado luego de “enfrentarse” a tiros con una comisión de la Policía del estado Carabobo. Ameliach dijo: “Este ciudadano portaba un revolver 38 marca Taurus, con el cual hizo frente a la comisión y que fue recuperado en el sitio [sic]. Seguiremos firmes en la defensa de nuestro pueblo, para defender sus derechos humanos y preservar la paz de nuestro pueblo, liberándolo del hampa y erradicando prácticas de criminalidad importadas como el paramilitarismo”. Sobre el ciudadano Efraín Alexis Figueroa Sumoza, el gobernador no hizo referencia alguna en su declaración.
El 24 de octubre de 2015 los familiares de Figueroa Sumoza denunciaron que este ciudadano había sido ejecutado por funcionarios de PoliCarabobo. Los denunciantes afirmaron que la víctima era un líder comunal, defensor de derechos humanos y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y que había sido atacado en su vivienda por los agentes de la fuerza pública que actuaron en el operativo realizado en el sector El Saman. Según declararon los testigos del hecho, Figueroa Sumoza habría reclamado a los funcionarios policiales por los atropellos cometidos contra los habitantes de la comunidad.
Entre 1990 y 2015, 4.618 personas fueron asesinadas por agentes de la fuerza en el marco de actuaciones calificadas como violaciones al derecho a la vida, en buena parte de los casos se trató de ejecuciones policiales denunciadas por los familiares de las víctimas y presentadas por las autoridades como “muertes por enfrentamientos”. La Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) señaló en 2006 que uno de los principales indicadores de la letalidad policial era la desproporción entre bajas civiles y policiales en el contexto de los supuestos “enfrentamientos”. La CONAREPOL advirtió que en la mayoría de los casos donde se reportan fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero ninguno en las fuerzas de seguridad, permitía suponer “el encubrimiento de ejecuciones bajo la figura de los enfrentamientos”. Durante el OLP, Provea ha registrado la muerte de un funcionario policial y cinco heridos en más de 200 operativos en los que se han reportado enfrentamientos entre agentes de la ley y presuntos delincuentes. En contraste, más de 450 personas han sido asesinadas en el marco de estos operativos desde el pasado 13 de julio de 2015. La mayoría de las muertes ocurridas durante la realización del OLP se han producido en circunstancias aún no aclaradas por las autoridades y en medio de muchas denuncias de familiares y testigos, sobre presuntas ejecuciones policiales y uso excesivo de la fuerza. Además, todas las muertes ocurridas en el OLP han sido presentadas ante la opinión pública como “muertes por enfrentamiento” o “resistencia a la autoridad”.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
