El primer mandatario nacional afirmó el pasado 17 de abril, durante la inauguración de un PDMercal en Barinas, que en nuestro país residen 5.600.000 mil personas de origen colombiano. “Es un problema humanitario porque además se vienen los más pobres de los pobres” dijo. Esta cifra, ha sido repetida desde entonces por altos funcionarios del Ejecutivo y voceros del partido oficial. La más reciente afirmación la hizo Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional por el partido PSUV durante un programa transmitido este domingo en el canal Globovisión. Según esta cifra el 18,66% de la población residente en el país sería de origen colombiano.
El presidente Maduro dijo que en 2014 entraron al país 140 mil ciudadanos colombianos; en 2013, 280 mil; y en 2012, 180 mil. En 2015 el Presidente ha dicho: “Del 1 de enero al 31 de julio de 2015, han ingresado legalmente a Venezuela 121.834 colombianos y colombianas nuevos. ¡Es el éxodo más grande que se da en el campo migratorio en el mundo! (…) Un éxodo como este solamente es comparable con el que está pasando en África y Asia, hacia Europa (…) Hemos llegado al punto límite que puede aguantar Venezuela ese éxodo y esa migración masiva (…) de Colombia se está viniendo ‘todo un pueblo huyendo’ de los problemas sociales, económicos y de la guerra, trayendo consigo graves problemas de pobreza y miseria”.
Las cifras oficiales
De acuerdo al último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 1.156.578 personas de origen extranjero residían en el país para 2011, apenas el 4,2% de la población total residente en Venezuela. De acuerdo al INE el 70% de los extranjeros residentes en el país eran de origen colombiano (721.791) seguidos por españoles (46.453); portugueses (37.326); peruanos (32.144); italianos (30.840); ecuatorianos (25.012); chilenos (12.037); dominicanos (11.399); argentinos (7.736); brasileños (5.389); bolivianos (2.653) y otras nacionalidades (98.313).
Los datos del Presidente Maduro, sumados a la última cifra del INE darían un total de 1.443.625 personas de origen colombiano residentes en territorio nacional, una cifra muy distante de la ofrecida por el jefe de estado y los voceros oficiales.
Migración Colombia, un ente adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para atender a la población colombiana residente en el exterior, informó días atrás que en la actualidad hay 4.700.000 colombianos residentes en el extranjero: «(…) De acuerdo a un estudio Compes, se estima que en la actualidad hay radicados fuera del país, al menos 4 millones y medio de Colombianos, de ellos, el 20% se encuentra en Venezuela (…) desconozco el estudio que realizaron para ubicar 5 millones de colombianos en el vecino país». La cifra de colombianos residentes en Venezuela –según Migración Colombia- estaría cercana a 940.000 personas.
El INE reconoció en 2011 que el porcentaje de personas extranjeras residentes en nuestro país ha venido descendiendo: “(…) el porcentaje ha venido disminuyendo progresivamente, presentando su menor proporción en 2011 con 4,2% mientras que en 1961 alcanzó 7,2% de la población total”. Los registros más altos de población de origen extranjero residente en nuestro país se produjeron en la década 1971-1981 cuando Venezuela pasó de 596.455 a 1.074.629 personas nacidas en el extranjero viviendo en territorio nacional (7,4% de la población total en 1981).
La migración hacía Venezuela tiene un denominador común: la búsqueda de mejores condiciones de vida y el escape de conflictos bélicos y gobiernos autoritarios. Italianos y portugueses vinieron al país huyendo de las terribles consecuencias de la segunda guerra mundial; españoles cruzaron el Atlántico buscando oportunidades distintas al oscurantismo franquista; argentinos y chilenos encontraron refugio en Venezuela cuando en sus países la operación Condor arrasaba toda expresión de pluralismo y pensamiento crítico; colombianos han venido a Venezuela en busca de una vida mejor y huyendo de los terribles abusos cometidos por unos y por otros en más de 50 años de conflicto. Cuando Venezuela atraviesa su peor crisis económica y tiene uno de los gobiernos más autoritarios de la historia reciente, es absolutamente lógico que descienda el flujo de migrantes hacía este pequeño punto del globo terráqueo.
El rostro hostil
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) con sede en Colombia, desde el pasado 21 agosto, cuando se decretó el estado de excepción en la frontera colombo venezolana, 1.467 personas han sido deportadas de forma sumaria por parte del gobierno venezolano y otras 17.462 personas han retornado de forma voluntaria a su país por temor a represalias y abusos. En un balance ofrecido por Migración Colombia en abril de este año, se indicó que 2.000 personas colombianas habían sido deportadas desde enero hasta esa fecha. Los datos coincidieron con las denuncias formuladas por organizaciones como Amnistía Internacional y el Servicio Jesuita para Refugiados sobre deportaciones masivas en la frontera. En total 20.929 personas han sido deportadas o han retornado voluntariamente en lo que va de 2015. Para tener una idea, es como si se tomará a toda la población extranjera de los estados Yaracuy y Trujillo, registradas en el censo 2011, y se les expulsara del país.
El gobierno del Presidente Maduro se ha empeñado en responsabilizar a la población colombiana por la crisis económica y otros flagelos que sufre el país. Para ello, los altos funcionarios del Estado y el sistema nacional de medios públicos han desarrollado una campaña que los acusa de contrabandistas y paramilitares, y que intenta justificar atropellos mediante la manipulación de cifras y estadísticas. Es más fácil acusar a la población colombiana de ser responsable del desabastecimiento y el contrabando que investigar a los responsables del desvío de más de 20 mil millones de dólares producto de la asignación fraudulenta de divisas y cuya responsabilidad en la actual crisis está más que demostrada. Es más fácil acusar a la población colombiana que investigar a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) señalados por habitantes de comunidades fronterizas por presuntamente participar en acciones de contrabando de extracción y prácticas violatorias de derechos humanos. Tal como Provea le dijo a CAP en 1989, ante su ineficiencia e incapacidad para superar la crisis, el gobierno de Maduro, muestra su rostro más hostil. En esta oportunidad, el rostro de la xenofobia.
La CIDH ha reiterado que el Estado tiene un deber general de respetar todos los derechos de las personas migrantes, incluyendo su derecho vivir libres de discriminación y de toda forma de violencia, a su integridad personal, unidad familiar y propiedad. Es tiempo de asumir seriamente sus responsabilidades.
