La ONG Laboratorio de Paz presentó recientemente el resultado de una investigación realizada sobre la situación del movimiento indígena en Venezuela, desde la perspectiva del respeto al derecho humano a la asociación. El trabajo titulado “Diagnóstico sobre el Derecho a la Asociación Indígena en Venezuela”, arrojó interesantes datos que demuestran el alto nivel de injerencia del Estado en las organizaciones tradicionales de los pueblos originarios de nuestro país.
El derecho a la asociación indígena, comprende la garantía que poseen las organizaciones, instituciones y autoridades legítimas de los pueblos indígenas de funcionar de acuerdo a sus valores, usos, costumbres, tradiciones ancestrales, creencias y religiones.
En su trabajo de campo Laboratorio de Paz visito los estados Bolívar, Zulia, Mérida y Amazonas, donde se entrevistó a vocero/as y líderes de comunidades y organizaciones indígenas, así como expertos académicos y aliados en la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Algunos de los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Un 82% del total de personas entrevistadas afirmó que ha sufrido algún tipo de injerencia por parte del Estado venezolano en los fines de su asociación. El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos y Comunidades Indígenas (MPPPCI) es la institución más señalada como impulsora de figuras ajenas a las organizaciones tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, con base en la Ley Orgánica de Consejos Comunales que, señalan, intentan sustituir las instancias organizativas propias y tradicionales por figuras vinculadas a la identidad político-ideológica del Gobierno Nacional. El MPPPCI, de acuerdo a los entrevistados, contrario a su objetivo, ha obstaculizado el proceso de demarcación de territorios indígenas.
El 83% de los entrevistados dijo haber recibido presiones afectando su derecho a funcionar de forma autónoma y sin intromisiones estatales infundadas.
El 70% señaló que el Estado obstruye las labores para las cuales conformaron su organización y un 100% denunció que ha tenido la obligación de incorporarse a actividades proselitistas del gobierno para ser incluidos como beneficiarios de las políticas públicas o ser tomados en cuenta por las instituciones del Estado.
En su estudio, Laboratorio de Paz concluyó que el Estado venezolano ha incumplido todas las buenas prácticas para asegurar el ejercicio del derecho a la libre asociación de los pueblos indígenas.
Si bien la mayoría de los entrevistados coincidió en resaltar la importancia de los avances en materia de derechos indígenas consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley de Pueblos y Comunidades indígenas, las expectativas y la puesta en práctica de las obligaciones legales como el proceso de demarcación de territorios y el respeto al derecho a la consulta previa continúan en mora o son incumplidos.
La cooptación de las organizaciones indígenas por parte del Ejecutivo las ha dejado sin una agenda propia de reivindicaciones y con débiles niveles de articulación. A pesar de ello, algunas iniciativas comienzan a surgir tratando de rescatar la autonomía y recuperar la capacidad de coordinación, movilización y lucha por sus derechos y conquistas.
*Coordinador de Medios de Provea
www.derechos.org.ve
@intiamaru79
