El 19 de julio de 2014 falleció en un hospital de Puebla, México, el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años. Diez días antes, José Luis había sido herido en la cabeza con balas de goma disparadas por policías del estado de Puebla para disolver una manifestación que bloqueaba la autopista Puebla-Atlixco, en la comunidad San Bernardino Chalchihuapan de esa entidad mexicana, y en la que otras diez personas resultaron con heridas graves. Fiel a su línea editorial, el canal oficialista venezolano Telesur sí visibilizó estos hechos titulando: “Ley Bala de Puebla cobra su primera vida”.
La “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, fue aprobada el 19 de mayo de 2014 por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. La iniciativa promovida por el gobernador Rafael Moreno Valle, fue apodada inmediatamente por organizaciones sociales y activistas de derechos humanos del país como “Ley Bala” porque autorizaba a los agentes de la fuerza pública ejercer fuerza letal en contra de la población en el contexto de manifestaciones.
Esta Ley, en cuya exposición de motivos se decía que el uso de la fuerza legítima es un mecanismo para la restauración de la estabilidad social y el orden colectivo, establecía en su artículo 44: “Queda prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones; sin embargo, se contemplará su uso (…) para repeler agresiones (…), para preservar la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves de los elementos policiales o de terceros”.
La ambigüedad en la frase “se contemplará su uso” y la imprecisión al momento de definir qué se entiende por manifestación pacífica o violenta fueron las principales causas del rechazo de las organizaciones sociales y de derechos humanos a esta normativa, quienes advirtieron que el contexto de alta criminalización de la protesta social y persecución a sectores opositores al gobernador Moreno Valle, posibilitaría actos represivos por parte de la policía y violaciones de derechos humanos.
En un comunicado público la coalición de organizaciones de derechos humanos Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, declaró: “El descontento de la sociedad civil en el estado de Puebla bajo la administración de Rafael Moreno Valle enmarca la aprobación de dicha legislación. Ante la indignación legítima y creciente de la población, el gobierno estatal responde con violencia y estrategias que buscan crear un ambiente de miedo entre sus opositores”.
En julio de 2014 luego de una solicitud de revisión formulada por la Secretaría General de Gobierno de Puebla, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Defensoría del Pueblo mexicana) dijo que la normativa no violaba la Constitución de dicho país y que no existían en sus artículos elementos contrarios a los derechos humanos. Sobre los hechos ocurridos en la carretera Puebla-Atlixco y el asesinato de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, la CNDH recomendó la reparación integral de las víctimas pero omitió decir que para evitar la repetición de los hechos era necesario modificar o derogar la Ley Bala.
Luego de conocerse las conclusiones del ombudsman mexicano respecto a los hechos de Puebla-Atlixco el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social declaró: “La CNDH no valoró que el operativo de Chalchihuapan se enmarcó en un contexto de abierta represión a grupos sociales por parte del gobierno de Moreno Valle, el cual ha generado una treintena de presos políticos en la entidad. La Ley Bala fue promovida por el gobierno de Moreno Valle y avalada por la CNDH, lo que posibilitó las violaciones graves a derechos humanos en Puebla.”
La indignación y movilización social ocasionada por el asesinato de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, propiciaron que el gobernador Moreno Valle enviara en julio pasado, una propuesta al Congreso de Puebla para elaborar una nueva norma que derogara la Ley Bala. Un representante del gobierno de Puebla admitió que no se habían evaluado los “daños colaterales” de la norma. Pero ya el daño estaba hecho.
En octubre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó las acciones del gobierno mexicano y el gobierno de Puebla para restringir los derechos y libertades ciudadanas, alentando al mismo tiempo a las fuerzas del orden público a cometer abusos y violaciones de derechos humanos.
Cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
@intiamaru79
