Inti Rodríguez / Sobreseimiento para todos

El pasado 13.08.2014, 24 organizaciones de Derechos Humanos de América Latina, entre ellas Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz en representación de Venezuela, solicitaron al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la realización de una audiencia regional para denunciar las respuestas de los Estados latinoamericanos frente al fenómeno de la protesta social.

Estas 24 organizaciones han denunciado la constante persecución y detención de manifestantes, líderes sociales, gremiales y sindicales, que en la mayoría de los casos se han hecho violando garantías constitucionales y estándares internacionales de Derechos Humanos.

En Venezuela desde el año 2005 más de 5000 personas han sido detenidas y presentadas ante los Tribunales por haber ejercido su derecho a la manifestación, reunión pacífica y otras formas de movilización y acción históricas en la dinámica del movimiento popular.

Fue a partir de ese año que el Ministerio Público -bajo la gestión del ex Fiscal General Isaías Rodríguez- comenzó a imputar y abrir procesos penales a ciudadanos detenidos en protestas. Ello fue -y sigue siendo posible-, gracias a la existencia de un amplio marco jurídico que restringe y obstaculiza el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y que se ha convertido en la respuesta del Estado ante el ascenso de la conflictividad social.

La reforma del Código Penal en 2005 incorporó la penalización de los cierres de calle, imponiendo penas de prisión de 4 a 8 años para quienes ejerzan dicha forma de protesta. Jueces y fiscales se han valido de esta normativa para determinar anticipadamente el carácter “desfavorable” de determinadas manifestaciones, alegando razones de seguridad nacional para criminalizarlas y perseguir penalmente a sus protagonistas. Otros instrumentos como la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo y la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 24.07.2014 restringen el derecho constitucional a la manifestación pacífica y el derecho a huelga, dando pie a la consolidación de las respuestas represivas de las instituciones del Estado venezolano frente a las expresiones de descontento de la población.

Pero el panorama no es del todo desfavorable. En las últimas tres semanas, 300 causas de personas que habían sido detenidas en el marco de las manifestaciones realizadas entre febrero y mayo de 2014 han sido sobreseídas a petición del Ministerio Público.

Aunque esta cifra representa un poco menos del 10% de las 3.269 detenciones practicadas a manifestantes en los 4 meses de protestas en el país, nos invita a aspirar que se produzca un cambio en la forma en que ha venido actuando el Ministerio Público en los últimos años.

Quienes dirigen las instituciones del Estado tienen el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y promover espacios para que las expresiones legítimas de descontento social puedan desarrollarse con total normalidad.

Además del sobreseimiento de estas 300 causas deben ser sobreseídos todos los procesos penales que se siguen contra miles de ciudadanos venezolanos que ejercieron derechos que la propia Constitución Nacional consagra.

Como lo ha afirmado el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos de Asociación y Reunión Pacíficas, Maina Kiai, el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica sirve de cauce para el ejercicio de otros derechos y es –en nuestra opinión- esencial para el fortalecimiento de una democracia participativa y protagónica, ya que permite a los ciudadanos expresar sus opiniones e inconformidad ante posibles escenarios de regresividad de derechos, o incidir positivamente en la toma de decisiones de los gobernantes y en el desarrollo de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de todas y todos.

Apostamos a que las actuaciones recientes del Ministerio Público sean el inicio de un cambio en la actitud que hasta ahora ha asumido esta institución que en los últimos años se ha convertido en el principal instrumento de criminalización de la protesta social en Venezuela.

(*) Coordinador de Medios de Provea
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@intiamaru79