Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, acordado así el 12.12.97 por la Asamblea General de la ONU. Se fijó esta fecha para que víctimas y organizaciones civiles sensibilicen al resto de la sociedad sobre los efectos de la práctica de la tortura y la necesidad de luchar y promover políticas para su erradicación definitiva. Las víctimas de ese flagelo en el país cuentan con una Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, publicada el 22.07.13 en la Gaceta Oficial 40.210. La norma fue sancionada por la Asamblea Nacional luego de más de 13 años de mora legislativa y desconocimiento del mandato que impuso la Constitución Nacional de 1999. Este instrumento legal establece penas de 15 a 25 años para los funcionarios que incurran en la tortura, que prácticamente se ha institucionalizado en el país, pues los distintos cuerpos de seguridad la practican.
Las víctimas y las ONG defensoras de derechos humanos aplaudimos la aprobación de esta norma, pues la consideramos un avance importante en la lucha por la erradicación de la tortura en el país. En su Informe Anual 2013, Provea consideró que la aprobación de la Ley era uno de los aspectos más positivos del período y exhortó al Estado a realizar todos los esfuerzos para garantizar su vigencia y cumplimiento efectivo.
A dos años de la promulgación de la Ley el balance es negativo. Estos terribles actos siguen siendo una práctica recurrente entre los agentes de la fuerza pública, pero además, en un contexto caracterizado por la alta conflictividad política y social y por las respuestas poco democráticas a la protesta social por parte del Estado, en el último año se han elevado los casos y las víctimas de este terrible flagelo, comprometiendo la integridad de los ciudadanos e impidiendo que la Ley se convierta en un instrumento efectivo y vigente para garantizar los derechos de todas y todos.
1997-2014: las cifras, los responsables, la impunidad
Entre 1997 y 2011, Provea registró 421 casos de tortura y 7.012 de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra detenidos. El pico más alto de tortura experimentado en un periodo de tres lustros se registró en 2004 (58) y está incluido en el Informe Especial “15 años sobre DDHH. Inclusión en lo social, exclusión en lo político”, publicado por Provea en 2012 (http://es.scribd.com/doc/116260513/informe-15anos). Con respecto a los casos de tratos crueles, según el mismo Informe, la mayor cantidad de denuncias (1.394) ocurrió en 2006. La mayoría de los casos siguen impunes.
Durante 2013, las denuncias por torturas se elevaron 85,71% respecto a 2012, al registrarse 78 casos. Asimismo, los casos de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes aumentaron 58,02%. La mayoría de los casos siguen impunes.
En 2014 la situación empeoró. Muchos de los patrones asociados a prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes registrados durante las manifestaciones de 2013 se repitieron en las protestas de febrero-junio del año pasado. Los familiares de los afectados y sus abogados, así como varias ONG se quejaron de los bloqueos y malos tratos recibidos por los detenidos en manifestaciones durante este período.
En su recién publicado Informe Anual 2014, Provea registró un total de 185 casos de tortura con 185 víctimas, lo que significó un incremento de 137% respecto a las 78 víctimas registradas en 2013. En el caso de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes el número ascendió un 147% siendo identificadas 634 víctimas, 378 más que en el Informe anterior. La mayoría de los casos se produjeron en el contexto de detenciones realizadas por la GNB, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y policías estadales durante las manifestaciones que se desarrollaron a lo largo del año, principalmente entre los meses de febrero, marzo y abril. Un total de 819 personas fueron víctimas de torturas y/o tratos crueles inhumanos o degradantes durante el año 2014. La mayoría de los casos, siguen impunes.
El Comité Contra la Tortura de la ONU en sus observaciones sobre Venezuela publicadas en noviembre pasado, instó al Estado a “(…) garantizar el acceso inmediato de las víctimas a los órganos judiciales para denunciar incidentes de tortura y malos tratos, asegurando su protección y; (…) velar por que se investiguen de oficio y de manera pronta, exhaustiva e imparcial las alegaciones de tortura y malos tratos presuntamente cometidas por los agentes del orden (…)”. Pese a ello, persiste una alta tasa de impunidad en los casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Fue precisamente ante éste órgano de Naciones Unidas que el Estado venezolano admitió que de 31.096 denuncias por violaciones de derechos humanos recibidas entre 2011 y 2014 tan sólo el 3,10% resultó en acusación por parte del Ministerio Público.
Además, la capacitación a funcionarios en materia de derechos humanos es prácticamente inexistente e incluso se alienta la represión contra sectores de la sociedad que se movilizan para ejercer sus derechos lo que propicia la comisión de estas prácticas; tampoco se han desarrollado programas y políticas coherentes orientadas a garantizar que las actuaciones de los organismos policiales y militares que participan en labores de seguridad ciudadana, control de manifestaciones y custodia de detenidos actúen apegados a los principios y estándares nacionales e internacionales sobre prevención de la tortura. A 2 años de la Ley, las víctimas del poder siguen sin hallar justicia.
(*) Coordinador de Investigación de Provea
@intiamaru79
