Siempre, de forma muy coloquial, se ha empleado la palabra “indio” para aludir a personas inexpertas, ingenuas, lerdas e indoctas, acepciones no aplicables a ciertas etnias del edo Bolivar, atentas, desde ya, por los riesgos que a futuro implica el proyecto Arco Minero, decretado por el gobierno en aras de un progreso y bienestar muy cuestionables, puesto que según las comunidades de El Playón y de la cuenca del Caura afectadas por el mismo, prevén alteraciones en sus territorios y hábitats. Quizá en virtud del ahora en las cuencas del Cuyuní y del Caroní, hoy día esquilmadas a causa de la explotación minera infrahumana, por desidia estatal ostensible, a todas luces, ya que no se les garantiza su medioambiente, aunque exista una “Ley Orgánica de Pueblos Indígenas”, así como toda la legislación ambiental, de obligatoriedad estricta para todas las autoridades nacionales, sin excepción. Pues, las culturas Ye’ kwana-Sanema y Pemón (Organización Kuyujani) se sirven de los bosques, caños, demás ecosistemas y recursos naturales de la cuenca del rio Caura para continuar viviendo. Pero, a causa de la minería ilegal en su territorio, se sienten los primeros impactos ambientales y de salud pública, que constituyen el preludio hacia un proceso que a escala planetaria se tipifica de etnocidio. Hoy, a tiempo de evadirse.
Todo un dislate los preceptos legales sobre política minera en territorios indígenas, obviando sus derechos consagrados en la CRBV (Art 120), ya que la conservación de los RN de su territorio ancestral conforman las bases de sustento y de necesidades vitales innatas, hoy en riesgo por el flagelo de la minería ilegal. Y, por el Decreto Arco Minero del Orinoco, donde según el M/G Clíver Alcalá Cordones, “el Estado ha perdido la Soberanía sobre el mismo y no hay voluntad política de acabar con las mafias traficantes de oro, pues se ejerce poder de manera muy limitada”. (ND 8/5/16).
¡La vida vale, más que el oro!
ISAIAS A. MARQUEZ DIAZ
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