El pasado lunes 10 de septiembre como ya muchos sabemos nuestro Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, denunció un tratado que por más de 20 años se había avocado a apoyar a la protección de los Derechos Humanos de las personas que vivimos en este país.
Todo esto, debido a una situación muy parecida a la del vaso que se derramó con una última gota que le cayó. Y es que al parecer son muchas las ofensas a las que nuestro Estado se ha visto sometido por ese Sistema Interamericano, que tuvo el atrevimiento de velar por la promoción y la protección de los Derechos Humanos, patrimonio sagrado de la humanidad, por encima de los derechos de los Estados.
Pese a que todavía nos queda un año más de amparo por parte de esta Convención es importante mencionar que hay otro instrumento de protección que nunca vio luz o al menos por ahora. Y es que a pesar de estar bien avanzado el trámite para la ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales o también conocido como Protocolo de San Salvador, sólo quedaba pendiente el depósito del instrumento ante la secretaria de la OEA. Este Procotolo Adicional, al depender de la Convención se hace ilusoria su ratificación.
Justamente el 14 de septiembre de 2012, se cumplen los 90 días hábiles que tenía nuestro primer mandatario según lo establecido en la ley, para responder un derecho de petición introducido por Provea pidiendo información acerca de cuándo se llevaría a cabo el depósito del Protocolo ante la Secretaría de la OEA. Esta respuesta, aunque parece obvia, no se ha oficializado. No obstante, la seguiremos esperando, si es que llega.
Esta es simplemente una de las tantas consecuencias que trae denunciar, en pleno siglo 21, un instrumento de tanta transcendencia como lo es la Convención Americana. Desde cualquier punto que se analice este hecho, no cabe más que concluir que se trata de un retroceso al ejercicio de nuestros Derechos Humanos.
No me queda más que unirme al lamento que muchos han manifestado a lo largo de la semana sobre este particular. Sin embargo creo que, ante esta adversidad, es importante no perder de vista que de concretarse dentro de un año la denuncia de la Convención, Venezuela se mantiene bajo la vigilancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los términos previstos en la Carta de la OEA. Por esta razón, aunque no con la misma cercanía y peso que representa una sentencia emanada de la Corte Interamericana, la Comisión, como uno de los órganos principales de la OEA, seguirá siendo vigilante del tratamiento de los Derechos Humanos en nuestro país.
Jessica Duhan
Abogada de Provea
