Acudir a un tribunal es a veces la única opción que nos queda para alcanzar la justicia. Hay quienes antes de ir a un proceso agotan un sin número de estrategias para hacer oír su voz de reclamo ante la injusticia. A veces esos reclamos legítimos son escuchados, otras tantas ignorados.
Es justamente en ese punto cuando los tribunales juegan un papel importante, como aquel tercero que imparcialmente analiza el problema y siguiendo el debido proceso decide oportunamente a favor de la justicia.
Así promete ser el panorama cuando leemos el artículo 26 de nuestra Constitución, una justicia accesible a todas las personas que quieran hacer valer sus derechos. Además, dispone en un “tiempo” futuro que parece no llegar, la garantía de una justicia “gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita”.
Pero los números no parecen estar muy de acuerdo con la Constitución. A continuación algunos ejemplos:
– 9 meses se tardó un tribunal del circuito de protección de niños niñas y adolescentes en declararse incompetente para conocer de una acción de protección introducida por CECODAP frente a la crisis actual que vive el Hospital JM de los Ríos.
– 1 año y un poco más, es el tiempo transcurrido desde que se introdujo una acción parcial de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto Ley de los Trabajadores, Trabajadoras y del Trabajo (LOTTT), aún la Sala Constitucional no decide si admitirá o no la acción.
– 2 años tardó la Sala Constitucional en decidir sobre la admisión de una acción judicial de inconstitucionalidad por la presunta omisión legislativa de la Asamblea Nacional, al abstenerse, dicho Poder Legislativo al desarrollo legislativo del Régimen Prestacional de Pensiones y Otras Asignaciones Económicas.
– 11 años ha tardado el proceso adelantado ante la Sala Político Administrativa por responsabilidad patrimonial por daños morales ocasionados a las víctimas del accidente químico toxico de La Ovallera.
En todos, la misma impresión, el tiempo pasa y la sensación de justicia no llega.
Este 20 de marzo, se cumplen 22 años desde que ocurrieron los hechos que cambiarían la vida a centenares de personas en un hospital, ubicado en un pequeño poblado llamado la Ovallera en Maracay Estado Aragua.
La mezcla de dos sustancias se derivó en un gas toxico que fue inundando el hospital afectando de por vida, en una mayor o menor medida, a todas las personas que tuvieron contacto en esa fecha y en los días posteriores con el hospital “José Antonio Vargas”.
La unión de los afectados fue clave en esta lucha por el reconocimiento de que en efecto hubo un accidente en un hospital adscrito a un ente del Estado como lo es el Seguro Social, y por tanto responsable de los hechos ocurridos y del tratamiento posterior a ser brindado a los afectados.
Pero, a pesar de todas las actas de compromiso firmadas, muchos acuerdos nunca se llegaron a cumplir. La frustración y la indolencia de las autoridades llevaron a varias personas a solicitar justicia ante los tribunales. Si bien unas pocas lograron ser indemnizadas, otras aún siguen a la espera.
11 años han transcurrido desde que se inicio el juicio a favor de 10 de las víctimas que hemos venido acompañando en Provea. Hoy, después de una sentencia anulada injustamente, varias incidencias y una mínima disposición al diálogo por parte del IVSS, esperamos el lento desenvolvimiento del proceso cuya conclusión está cerca en los pasos a seguir, al encontrarnos a las puertas de la audiencia conclusiva, pero incierta en el tiempo, por no haber desde hace 5 meses avances notables por parte del tribunal en el proceso.
#LaOvalleraPideJusticia
(*) Jessica Duhan
Abogada Programa de Exigibilidad de Provea
@gsikdb
