La inseguridad ciudadana plantea trascendentes desafíos para el desarrollo humano en Venezuela. Los ciudadanos venezolanos señalan al delito y la violencia como factores que limitan las oportunidades de elevar su calidad de vida.
Generalizadamente se percibe que la seguridad en Venezuela se ha deteriorado. La mayoría de los venezolanos ha dejado de salir de noche por el auge de la criminalidad, entre otros cambios de hábito que impactan su cotidianidad.
Esta semana el crimen sigue siendo noticia, Liana Aixa Hergueta, resultó descuartizada, el abogado Jhon Pate fue asesinado de varias puñaladas dentro de su residencia, al animador Gilberto Correa casi lo matan luego de ser asaltado, Yusber Enrique Velásquez Olivier, quien fuera escolta de la primera dama, Cilia Flores, falleció este lunes luego de recibir un disparo en la cabeza el pasado viernes, Alzan Pineda, escolta del Ministro para las Comunas, Elías Jaua, fue herido de bala este martes cuando antisociales lo despojaron de su arma de fuego, y una moto de alta cilindrada.
Como una evidencia más de la improvisación del Poder Ejecutivo en materia de seguridad se está ejecutando el denominado Operativo de Liberación del Pueblo. No es más que lo primero: un operativo; lo segundo constituye una exacerbación del nacionalismo que coquetea con prácticas fundamentalistas muy distantes de Venezuela geográfica, histórica y culturalmente.
La OLP, en definitiva, es una redada como la que efectuaban los motorizados “pantaneros” de la extinta Policía Metropolitana, o, más recientemente, los operativos “madriguera” ejecutados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la Disip, que se proponían madrugar a los delincuentes, sorprenderlos en sus guaridas antes de que amaneciera. En todos los casos, este tipo de razzias se reduce a al ejercicio indiscriminado de la violencia que se lleva por el medio a todos los que encuentra a su paso. En estos asaltos a las comunidades más pobres del país se revictimizan a muchos inocentes que sufren las inclemencias del abandono estatal. La verdadera delincuencia organizada, apoyada en muchas ocasiones por la complicidad de funcionarios policiales, evade las incursiones violentas de los cuerpos de seguridad y el riesgo de violaciones graves de derechos humanos se acrecienta.
A este panorama de la inseguridad hay que agregarle un conjunto de amenazas, algunas de las cuales han recrudecido en los últimos años. Éste es el caso de la delincuencia organizada y de delitos como la extorsión y los secuestros que se cometen desde recintos penitenciarios y dirigidos por los llamados pranes, con absoluta indiferencia de las autoridades, que afectan profundamente la vida y la integridad de los venezolanos.
La inseguridad ciudadana es un reto para todos y demanda un entendimiento sobre los obstáculos y las respuestas que se han ensayado para afrontar las amenazas a la integridad personal y a la vida de los venezolanos.
Un estudio de opinión realizado por Hinterlaces (encuestadora vinculada al gobierno) indica que 87% de los consultados está de acuerdo con la OLP. Tal indicador implica un gran peligro. Esta simpatía por respuestas rápidas de mano dura en contra de los delincuentes puede traducirse en violaciones a los derechos humanos.
Las políticas de mano dura adoptadas en diversos países de la región han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito. Además, han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano.
Las políticas violentas y de mano dura, con un enfoque punitivo que privilegia la represión, el aumento en la severidad de las penas y el uso de la fuerza, han tenido repercusiones negativas, muchas de ellas inesperadas, entre las que destacan el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de los sistemas carcelarios, ya sobrecargados, la violación de los derechos humanos, particularmente en contra de jóvenes y menores de edad, y el abuso de autoridad.
Los ejemplos más reveladores: la estrategia utilizada en Río de Janeiro a mediados de los 90: Gratificação por Pecúnia. Esta política daba incentivos a aquellos policías que fuesen más duros frente a los criminales, lo cual provocó un aumento en los niveles de abuso policial y coincidió con la tasa de homicidios más alta del Estado.
Guatemala, Honduras y El Salvador, también implementaron políticas similares a la OLP en contra de las pandillas criminales, conocidas como maras. El resultado: se intensificaron los niveles de violencia en los tres países, surgieron organizaciones criminales más organizadas y violentas, y se fortaleció la llamada industria del preso.
Respetar derechos humanos en el combate del crimen no significa impunidad. Se pueden ofrecer políticas públicas, serias, coherentes y sostenibles para enfrentar a la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, una política pública coherente en materia de seguridad debe fortalecer la inteligencia policial que tiene como fin la obtención de información que ayude al Estado a combatir el crimen de forma adecuada y efectiva. Esto puede lograrse de distintas formas, ya sea espionaje, intervención o seguimientos a las bandas organizadas y sus cómplices estatales. La inteligencia policial es muy útil cuando se trata de combatir al crimen organizado.
Es un reto que puede superarse mediante políticas democráticas, incluyentes y con apego a los derechos humanos. (Publicado en El Nacional, 13.08.2015)
