En estos días en Amazonas se recuerda con tristeza y preocupación los 20 años de la matanza de 16 yanomamis, la mayoría ancianos, mujeres y niños en Haximú, al norte de la naciente del Orinoco.
En estos días se ha celebrado en Parima B, cerca de la frontera con Brasil la II Asamblea de Horonami, organización a la que están adscritas todas las comunidades yanomami.
La primera se había realizado en el 2010. En este último encuentro los temas fueron reiterativos, porque son planteamientos que se vienen realizando desde hace varios años: los abusos de los mineros, el deficiente servicio de salud y el inexistente apoyo para el desarrollo de la educación intercultural.
Son muchos los que han hecho una reflexión sobre la ferocidad de las conductas garimpeiras contra indefensos seres humanos, cuyo asilamiento pareciera no haber sido considerado en las políticas públicas de Brasil y Venezuela.
La comunicación radial en varios puntos de la geografía yanomami no ha sido considerado como una manera de romper el aislamiento y comunicar a tiempo lo que pasa en esos territorios: en extracción ilegal del oro y en salud, pero nadie tiene la iniciativa de hacerlo.
Tal vez no sean muchos los votos que aporten los yanomamis al caudal electoral y por eso están condenados al ostracismo.
Sin embargo, no solo es hora de traer a la discusión los graves problemas que se viven en el territorio yanomami, también es hora de escuchar con tristeza algunas palabras de actores cercanos o lejanos a esas tierras de selvas y lágrimas donde hasta un bebé fue asesinado a machetazos.
Dos de las sobrevivientes han señalado que: “Los buscadores de oro mataron a nuestros hermanos y hermanas y también mataron a nuestro padre con machetes; algunos fueron asesinados con pistolas (…)
Veinte años después los buscadores de oro brasileños siguen recorriendo al territorio ancestral atemorizando y sirviendo de puente a las transnacionales del oro, quienes a través de la muerte y las lágrimas se enriquecen.
¿Qué ambición la de estos seres humanos y la de esta sociedad? Que prefiere matar y explotar que anotarse en la carrera de la vida y la solidaridad entre todos los seres humanos.
Muchas voces apuestan por la vida y por la solidaridad con el pueblo yanomami, uno de ellos, David Kopenawa, yanomami brasileño ha dicho: “Nunca me he olvidado de Haximú. Los buscadores de oro mataron a dieciséis yanomamis y los mismos mineros regresaron. (…) Estábamos indignados porque los mineros nunca fueron castigados y no sufrieron como nosotros”.
Stephen Corry, Director de Survival Internacional ha señalado que: «Tanto Brasil como Venezuela continúan permitiendo que los buscadores de oro ilegales operen dentro del territorio yanomami, a pesar de conocer los horrores que han causado”.
Luis Shatiwa, Secretario General de Horonami ha señalado que: «Queremos en este momento de esta celebración triste queremos que el Estado se comunique con nosotros para un buen entendimiento y trabajo con la organización indígena yanomami Horonami, ya que somos los nuevos líderes de un pueblo que quiere paz y justicia”
En el 2006 se produjo una sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil en una sesión plenaria, reafirmó que el crimen conocido como la “masacre de Haximu” (cometido contra los yanomami en 1993) fue un genocidio.
Fue una decisión unánime que se tomó durante el juicio de apelación extraordinaria (RE) 351487. Así lo reveló el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) en su debido momento.
El Juicio de Haximú duró trece (13 años) desde 1997 hasta 2009 tiempo que se fue en diretes judiciales, lo que permite visualizar una falta del derecho y la justicia frente a un caso que conmovió al mundo por el grado de atrocidad y alevosía con que se llevó a cabo.
En el informe final la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resume lo que pasó en el proceso judicial: observa que se iniciaron investigaciones en Brasil y Venezuela, y que los presuntos responsables de los asesinatos fueron juzgados por la jurisdicción brasilera.
Al respecto, el 19 de diciembre de 1996, el TRF, dictó sentencia en el caso, resolviendo condenar a cinco garimpeiros a 20 años y seis meses de prisión por el delito de genocidio en conexión con otros delitos, como contrabando y garimpo ilegal.
El 2 de agosto de 2006, el STF, ratificó esta decisión, la que hizo cosa juzgada el 3 de noviembre de 2009. Al respecto, la CIDH nota que la investigación de la masacre materia del presente informe culminó en la sanción de los responsables.
No obstante es más grave, es que de cinco (5) que fueron declarados culpables, solo uno permanece en prisión, a pesar de ello la sentencia es considerada histórica y justa.
También hay fuentes que señalan que muchos de los mineros señalados como responsables han vuelto a la selva amazónica venezolana, sin ningún tipo de control.
Además de la exigencia de procesar los hechos en los órganos judiciales, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también abarcó la petición de abordar el tema de la salud, la vigilancia y control de la zona y la implementación de leyes y normas a favor de los pueblos indígenas.
Queda para la historia regional registrar un hecho tan doloroso que mueve la conciencia y la reflexión sobre un estado de cosas que persisten y sobre el cual la sociedad venezolana tiene que generar cambios importante en las políticas que deberían ser diseñadas a favor del pueblo yanomami, pero más importante que el pueblo yanomami, se organice para hacer sentir su peso, aunque ya ha comenzado a hacerlo a través de la organización Horonami.
El principal compromiso es fortalecer los niveles organizativos para hacerse sentir como expresión del poder popular según el espíritu de la Constitución de 1999. (Publicado en Radio Fe y Alegría)