Antes de comenzar, recordemos, la Justicia, es un derecho que tenemos todas las personas y se materializa mediante recursos sencillos y rápidos como lo establece nuestro mandato constitucional en su artículo 26. “Justicia que llega tarde no es justicia”.
Este 20 de marzo se cumplen 23 años del fatídico accidente químico toxico ocurrido en el hospital “José Antonio Vargas”, mejor conocido como La Ovallera, ubicado en el sector Palo Negro en la ciudad de Maracay.
Todo sucedió tras mezclar dos sustancias durante trabajados de limpieza del sistema de aire acondicionado, el cual produjo la emisión de gases tóxicos que fueron inhalados por el personal y pacientes que se encontraban allí.
Algunas de las víctimas fallecieron al poco tiempo, otras continúan sobreviviendo con graves problemas de salud física y psicológica. Durante muchos años han luchado contra el carácter degenerativo de su estado de salud.
La lucha de estas personas ha sido persistente, han pasado por muchas situaciones para poder ser escuchadas y atendidas, son conscientes que nadie les regresará la salud, sólo exigen que se haga justicia.
En ese sentido, el 23.07.2004 Provea, en representación de 10 víctimas, introdujo una demanda de responsabilidad patrimonial por daño moral contra el IVSS ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente no ha sido diferente la negligencia con la se ha tratado el caso. Después de haber en el 2009 una sentencia que reconocía la responsabilidad del Seguro Social sobre los hechos, esta fue revocada por la Sala Constitucional y volvió a comenzar el proceso desde la etapa de las notificaciones. Apenas, en junio del año pasado después de tantos acontecimientos se desarrollo la audiencia conclusiva y desde entonces han transcurrido los meses sin un pronunciamiento por parte de la Sala Político Administrativa.
En resumen, han transcurridos 12 años desde que se inició el juicio en el Caso La Ovallera y por diversas incidencias, no ha sido posible que el tribunal dicte una sentencia.
Igualmente, es de detallar que el Estado venezolano a través de la Sala Político Administrativa dictó tres sentencias “declarando parcialmente con lugar”, estableciendo la responsabilidad del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y beneficiando a 21 personas. Una parte de una de las sentencias sigue sin ejecutar: los efectos extensivos de la misma al resto de los afectados y afectadas.
Por eso ronda una pregunta que aún no tiene respuesta ¿Cuándo llegará la Justicia para el caso de la Ovallera?
Juderkis Aguilar
