La realización este próximo 07 de octubre de las elecciones Presidenciales tiene gran significado en nuestro país y gran transcendencia para la democracia.
Son muchas las expectativas de la mayoría de la población, por un lado, un resultado a favor para las opciones presentes y por otro, tal vez la más importante, la necesidad de que luego de los resultados de estos comicios, se avance hacia el establecimiento de procesos de diálogo y acuerdos entre los diferentes actores políticos.
Desde la perspectiva de quienes trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, conscientes de que las elecciones en sí mismas no significarían la resolución de la situación de los conflictos del país y menos de polarización política, sí consideramos de suma importancia que el proceso comicial contribuya a encontrar vías para el establecimiento de procesos de diálogo que nos permitan avanzar hacia la consolidación de un mejor país.
Igualmente, en la idea de avanzar en la construcción de país, los y las activistas en derechos humanos queremos resaltar la necesidad imperiosa de progresar en la satisfacción de todos los derechos para toda la población venezolana.
América Latina en general, durante su historia ha cargado en su memoria el irrespeto a los derechos humanos, que han generado una contribución muy importante al nacimiento y consolidación de la lucha por los mismos.
Las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el marco de los gobiernos dictatoriales de los años setenta y principios de los ochenta, así como los conflictos armados que azotaron a la región centroamericana, dejaron un aprendizaje importante: generar mecanismos y estrategias que nos permitan asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Es así como las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos hemos trabajado arduamente por la reivindicación de derechos. De igual manera, se ha demostrado que el fortalecimiento de la democracia sólo será realidad en la medida en que los gobernantes y funcionarios públicos, conozcan y comprendan sus responsabilidades y competencias en el marco de la protección de los derechos humanos.
Es por ello, que sólo nos queda decir a quien sea nuestro próximo gobernante que reevalúe la decisión de denunciar a la Convención Americana ya que esto implica el prescindir de un mecanismo de garantía internacional de derechos humanos de gran relevancia. De igual forma que se mantenga la voluntad expresada por el actual gobierno para la “cooperación con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como con los Comités que examinan los informes de las distintas Convenciones ratificadas por Venezuela”[1]; tomando en consideración que esto representaría el cumplimiento eficaz y eficiente de un instrumento de protección universal como lo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que expresa en su contenido el cumplimiento de Derechos como: Derecho al trabajo, condiciones de trabajo, seguridad social (Arts. 6,7,8,9); Derecho a la protección de la familia, niveles adecuados de alimentación, vivienda, vestido (Arts. 10 y 11); Derecho al más alto nivel de salud (Art 12); Derecho a la Educación (Art. 13 y 14); Derechos culturales y de tecnología (Art. 15).
Aprovechando lo señalado con anterioridad es necesario indicar que el Estado venezolano suscribió, hace casi un año, en Octubre de 2011 el Protocolo Facultativo del PIDESC, no habiéndose materializado hasta la actualidad ningún otro paso para concretar su ratificación. El Protocolo Facultativo del PIDESC brinda la posibilidad a las víctimas de violaciones de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) acudir ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para denunciar el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados y a su vez el Comité pueda recibir, examinar y de ser necesario realizar observaciones y recomendaciones en armonía al respeto, la garantía y los compromisos relacionadas con los DESC.
Juderkis Aguilar / Ejecutora del Programa de Exigibilidad en DESC
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[1] Carta de denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de Venezuela ante la OEA
