El derecho a gozar de buena salud se encuentra consagrado en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un “…estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”. Conllevando responsabilidades en distintos ámbitos legislativo, político, económico con el objetivo de garantizar el disfrute universal, equitativo y progresivo del derecho a la salud.
De igual modo, el derecho a la salud está consagrado en el artículo 83 de nuestra Constitución Nacional como un derecho humano, el cual se encuentra estrechamente vinculado a la calidad de vida de las personas y a su dignidad “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios…”
De lo anterior, se desprende que la salud no solo se concentra en el área curativa, sino que traspasa todos los ámbitos de la vida de las personas en los lugares en que estas se desenvuelven, en concordancia con la conceptualización del derecho a la salud, como algo más que la simple ausencia de enfermedades.
La realidad actual nos presenta un contexto de crisis económica que tiene una particular incidencia en el sector salud. Factores como el control cambiario, el aumento de la inflación y la marcada dependencia que se tiene de las importaciones, contribuyen a que el incremento del presupuesto para el Ministerio del Poder Popular para la Salud no sea suficiente para cubrir las necesidades de la población. Se suma a esta situación de crisis económica, el problema de desequilibrio estructural en la distribución de los recursos, que afecta directamente a la salud en el acceso y equidad universal a un verdadero Sistema Público Nacional de Salud.
Por ejemplo, la gratuidad a pesar de ser uno de los ejes prioritarios de las políticas del Estado, presenta en la actualidad graves contratiempos. La falla generalizada en el funcionamiento de hospitales y ambulatorios por el desabastecimiento de insumos básicos, de medicamentos e insumos medico quirúrgicos; infraestructura deteriorada, equipos médicos dañados, generan el cobro directo o indirecto de estos servicios ¿Y el que no puedo pagar?
Es importante destacar que a este panorama se añade una situación de estancamiento económico con inflación, deterioro drástico de la calidad de vida e incremento de los niveles de pobreza.
La crisis económica que vive el país en la actualidad exige, cada vez más, conocer a fondo los factores que intervienen en esta situación, así como también analizar las transformaciones que vive el mundo a fin de formular una estrategia adecuada de desarrollo.
Lamentablemente en tiempos de crisis económica, los Estados desarrollan discursos que tienden a justificar recortes en los gastos sociales que terminan afectando a la mayoría de la población, con el supuesto objetivo de garantizar el bienestar futuro o la supervivencia de un sector de la economía. Sin embargo, una determinada coyuntura económica no debe ser impedimento para el abandono de una política integral de salud. En efecto, el alcance progresivo de un derecho “requiere el uso efectivo de los recursos disponibles” (Principios de Limburgo, Nº 23), y es en ese sentido que deben desarrollarse las políticas públicas, esperemos que este sea el caso en el sector salud.
(*) Ejecutora del Programa de Exigibilidad en DESC
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