El trabajar por los Derechos Humanos es un propósito que nos debe hacer vivir y recuperar nuestra historia, así que continuar esta marcha nos permite la transformación profunda de todas las estructuras de nuestras sociedades, teniendo la convicción plena de que a través de esta tarea tendremos ciudadanos y ciudadanas autores y autoras de su propia realización.
La capacitación y participación de los ciudadanos y ciudadanas, tejedores de vida, es la exigencia que se nos plantea como organización, para que el camino de los Derechos Humanos ya no sea considerado una utopía, sino que sea considerado como la realización de la dignificación de los seres humanos.
Para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), y para quienes tenemos como fin la construcción de una democracia protagónica y participativa, no podemos simplemente retroceder; debemos avanzar hacia la afirmación de nuestros derechos.
En el año de 1999, tras la Emergencia Nacional ocasionada por el desastre natural acaecido en Venezuela, donde perdieron la vida y sus hogares muchas familias venezolanas, el gobierno nacional a través de la institución Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), inició la construcción masiva de complejos habitacionales a nivel nacional, desarrollando “Ciudad Miranda”. Esta acción permitiría a las familias necesitadas tener acceso a una vivienda digna. Ciudad Miranda, urbanismo ubicado en Charallave estado Miranda, lleno ahora de sueños, conquistas y personas (familias) que tenían la ilusión de contar con una vivienda digna, pero no siempre fua así.
Años más tarde, el 14 de julio de 2004 llegan a Provea representantes de la Asociación Civil Copropietarios Ciudad Miranda (ASOCCOCM), señalando que algunos adjudicatarios(as) llevaban entre dos (2) y cuatro (4) años esperando que FONDUR les entregara sus viviendas y, a pesar de que la gran mayoría de las familias había cancelado el pago correspondiente a la inicial, a la fecha no contaban con ésta.
En virtud de esta situación, Provea asume el acompañamiento y seguimiento en la lucha por la restitución del derecho a una vivienda digna de estas familias. El grupo de personas acompañado inicialmente fue algo numeroso y, posteriormente, se redujo a 25 familias, siendo éste una pequeña parte de la totalidad de familias afectadas por la misma problemática (aproximadamente 485 familias).
Es en el año 2006, después de una ardua y prolongada pendencia, cuando FONDUR comienza a cumplir con su obligación de entregar las viviendas adjudicadas. Sin embargo, una vez que comenzaron a entregarse las viviendas, las mismas fueron ocupadas ilegalmente por otras personas, lo que en definitiva impidió que las familias del grupo pudiesen aceptar las mismas y vivir en ellas.
Provea, conjuntamente con las familias afectadas, estudia y elabora una estrategia judicial; y paralelamente un proceso de evolución que se centró en el fortalecimiento y consolidación del grupo, que permitiera emprender una lucha colectiva, otorgando herramientas al colectivo de las distintas formas de exigencia, generando una fuerte campaña de cabildeo frente a las instancias gubernamentales vinculadas al tema de vivienda, con especial énfasis en FONDUR.
Dentro de ese proceso se logró un enlace con la gerencia de adjudicaciones de dicha institución. Fue precisamente en esa dirección donde se lograron los mayores avances y desde la cual, previo proceso de sensibilización sobre Derechos Humanos realizado por el mismo grupo, se concretó la reubicación de muchas de las familias que formaban parte del colectivo.
En Ciudad Miranda se logró la reubicación de un número de once (11) familias. Así lo expresa Pedro Morales, en entrevista sostenida con Provea, “Ahora puedo vivir con ellos (sus hijos y esposa), están en mi casa…. Independientemente de otras cosas que faltan, ahora tenemos un techo y vivimos la familia reunida nuevamente… mi situación ha mejorado mucho, yo diría que en un 100%.”. las otras familias que acompañamos fueron reubicadas en distintos estados de nuestro país. Lamentablemente, dos familias no pudieron solventar su situación por esta vía, pero pudieron canalizar su obtención de una vivienda a través de otros medios.
Son los afectados y afectadas, quienes asumiendo su rol protagónico en la lucha por sus viviendas, lograron que su sueño fuera realidad ¡TENGO YA MI CASITA! Y con seguridad se propondrán a generar sonrisas, construir esperanzas, escribir día a día y gritar con voz fuerte ¡Tenemos derechos, vamos a exigirlos!. El proceso fue lento, pero la constancia de las familias le permitió alcanzar la reivindicación de su derecho a una vivienda digna. (Revista Calle Sol, 26.07.12)
