Es un lugar común que luego de realizar un análisis crítico sobre una política concreta te pidan soluciones. Lamentablemente la crítica es mal vista, no se valora su carácter negador, develador, que puede ser un fin en sí mismo que permite una comprensión más completa y real de las cosas. Que al menos da algunas ideas sobre lo que no funciona, de lo que no se debe seguir haciendo. Pero eso no da rating, no da material para que el show penal pueda continuar. Y el show penal vende. Si a esto se le suma que no le dices a la gente lo que quiere escuchar, el asunto se agrava. Es por ello que he tratado de organizar en una especie de decálogo, abierto, discutible, algunas ideas muy sencillas, básicas, con las que considero pudiera iniciarse un camino hacia una política criminal mínima, en procura de su institucionalización, en estos tiempos que nos han tocado vivir:
0. No existen recetas mágicas: los problemas sociales son complejos, desde esa complejidad deben ser comprendidos y abordados. La inseguridad ciudadana es un problema social más. Desconfíen de todo el que venga con recetas mágicas, rápidas e inmediatas. Hitler, por ejemplo, tenía “la solución final” y ya sabemos en qué terminó todo eso.
1. Investigar y diagnosticar problemas y situaciones concretas para el diseño de la política pública, así como su posterior implementación y seguimiento.
2. Controlar y fiscalizar las instituciones policiales y militares: el Estado debe tener control real y efectivo sobre estas instituciones. La discrecionalidad de estos funcionarios debe ser la mínima necesaria y estar enmarcada dentro de la ley. Debe evitarse que policías y militares lleven el control político de la seguridad ciudadana (policialización de la política). El tema policial y la seguridad deben tener una gobernabilidad política, y no lo contrario, que los policías gobiernen a los políticos.
3. Fortalecer los trabajos de inteligencia criminal: el Estado debe aplicar más la inteligencia que la fuerza. La inteligencia debe aplicarse dentro de dos ámbitos de acción: en el mundo delictivo y dentro de las instituciones encargadas de su control. Debe existir voluntad política para desmantelar mafias y redes que se mueven entre ambos espacios.
4. Tener como meta principal la reducción de los homicidios en el país: para ello se sugiere:
- Conocer, sincerar e informar oficialmente las cifras de los mismos, éste sería el indicador concreto del éxito o no de la política aplicada en este sentido.
- Establecer un sólido bloque de búsqueda y captura de las personas solicitadas por homicidio, priorizando en los que estén involucrados en la mayor cantidad casos y hayan cometido los delitos más graves. Esto debe hacerse con un trabajo de inteligencia previo, el objetivo debe ser su detención en el marco de la legalidad. Para ello deben darse instrucciones precisas y establecer los controles correspondientes para que en este tipo de intervenciones se haga un uso proporcional y diferenciado de la fuerza.
- Los detenidos deben ser procesados legalmente y las instituciones involucradas deben cumplir diligentemente su rol.
- El sistema penal en su totalidad debe concentrarse y priorizar el procesamiento de todos los casos de homicidios del país: los pasados, los presentes y los futuros.
5. Debe asegurarse y fortalecerse la política de control y regulación de armas: se trata de la necesidad de controles efectivos, que trasciendan a las campañas de divulgación para convertirse en una política y en una práctica institucional concreta y permanente, que se aplique tanto a las propias instituciones del Estado vinculadas con las armas de fuego, como a la ciudadanía en general.
6.Revisar profundamente el Sistema de Justicia, así como se hizo con la reforma policial en Venezuela. Sus representantes deben tener méritos, conocimientos técnicos y solvencia moral para ocupar los cargos.
7. No reducir la complejidad de los problemas securitarios al ámbito legislativo: los problemas securitarios no se resuelven legislativamente ni por decreto, se resuelven con voluntad política, con construcción y fortalecimiento institucional, con cuerpos policiales, fiscales, jueces y custodios honestos, eficientes, independientes, supervisados y controlados institucionalmente; con información, rendición de cuentas y transparencia en sus gestiones; con la aplicación de las leyes vigentes sin discriminaciones, partidismos, ni corrupción. En la mayoría de los casos las reformas legislativas motivadas por campañas de ley y orden, que supuestamente tienen como objetivo “combatir el delito” y mejorar la “seguridad ciudadana”, se caracterizan por aumentar penas, disminuir garantías y beneficios procesales, restringiendo derechos y libertades, con un efecto inverso: aumento de la discrecionalidad y abusos por parte del propio sistema penal; expansión del mismo; lo que lo hace ineficiente en la reducción de la violencia delictiva, porque termina siendo reproductor y potenciador de tales fenómenos.
8. Hacer un uso racional del sistema penal: el Estado debe intervenir penalmente en los casos que realmente lo ameritan y no extender este mecanismo a toda problemática social, política o económica que tenga el país. Hay que reducir el Sistema Penal para que intervenga en los casos más graves y necesarios, de esta manera incrementaría su efectividad. No se pude pretender abordar toda la conflictividad social con policías y cárcel, cuando se sigue esa lógica el sistema se llena de casos que pudieran ser procesados por otros canales. La expansión del sistema penal tiene efectos contraproducentes porque colapsa y en consecuencia se vuelve ineficiente. El sistema penal debe intervenir para la reducción y control de la violencia, no para lo contrario.
9. El uso racional y legal del sistema penal no deben entenderse como una “no intervención del Estado”: ante la conflictividad y la reducción de la violencia el Estado debe intervenir de manera oportuna y permanente. La intervención policial en la conflictividad no es exclusiva, pero sí es importante. Se necesita una mejor y debida prestación del servicio policial, tal como se ha diseñado a partir del año 2006 desde la CONAREPOL y plasmado en 2009 en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Por otra parte, espacios como centros de resolución de conflictos, mediación, así como el acceso a la justicia en espacios comunitarios y parroquiales, son fundamentales. Espacios que tengan como principal función hacer intervenciones inmediatas en la conflictividad cotidiana, de baja intensidad, garantizando así la presencia y autoridad del Estado a través del resguardo de los derechos de las personas por vías no penales (administrativas, civiles, simbólicas, educativas, terapéuticas, sociales), sin descartar su uso en caso que los mecanismos primarios resulten insuficientes.
10. La presencia del Estado Social es fundamental: las instituciones encargadas de la satisfacción de los derechos básicos a la alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda deben ser las primeras en estar presentes en la comunidad y cumplir con su rol. Esto no significa que deba confundirse la política social con la política de seguridad, la segunda debe formar parte de la primera. Una política de seguridad sin una política social que le sirva de marco y que no sea realmente efectiva, carece de sentido. No se puede pretender sustituir con el sistema penal lo que no se ha realizado previamente con la política social.
