Este viernes 24 de julio, día del natalicio de El Libertador, entre actos oficiales, feria del libro y el festejo por el puente, unos 600 efectivos de la GNB, SEBIN y PNB, arrasaron con casi 300 viviendas en el barrio El Cují en el kilómetro 3,5 de la carretera Panamericana. Todo legitimado y justificado por la “lucha contra el paramilitarismo” en el marco de la OLP. A parte de los damnificados no reubicados y la destrucción de sus ranchos, no se conoce cuáles fueron los resultados significativos de semejante despliegue. Dejaron sin hogar a cientos de personas para: capturar a una persona que se encontraba solicitada por abuso sexual (nada que ver con paramilitarismo o crimen organizado), 02 por microtráfico (buhoneros de la droga), y 15 extranjeros (como si esa condición fuese un delito); ubicar una sola arma, uniformes (no dicen de qué), 15 plantas de marihuana y 820 gramos de bicarbonato de sodio (al que se le puede dar múltiples usos domésticos y que no es una sustancia ilegal).
¿A cuántos “paramilitares” o integrantes de bandas capturaron? A ninguno. Lo mismo pasó en la Cota 905, los cabecillas se les fueron, de 134 detenciones solo pudieron justificar 07. En términos de relación costos-beneficios esto carece de lógica, solo parece ser propaganda mal elaborada y muy costosa en términos sociales y políticos.
Nadie habla en nombre de estas comunidades, a las que nadie les importa. Estos son barrios chavistas que no se creen el cuento. Sí, si hay malandros que toman eventualmente ese territorio, a ninguno agarraron, porque no viven allí, hacen rondas de vigilancia temporal, pero no forman parte de la comunidad. En esos barrios las bandas y la policía juegan al gato y al ratón. Cuando la policía va a subir al barrio les avisan con antelación a los malandros y éstos se pierden antes de que los cuerpos de seguridad lleguen, esto lo sabe todo el mundo, tanto la comunidad, los que estudiamos el tema, y los propios operadores del sistema.
Los vecinos denuncian que no ha habido ningún proceso de intermediación ni comunicación entre el Estado y ellos. Las comunidades de los barrios ubicados entre el kilómetro 0 y el 7 viven en zozobra ante la posibilidad de que arrasen también con sus ranchos y los dejen en la calle, como ya se encuentran numerosas familias, del barrio El Cují y el Bicentenario, en plena carretera Panamericana. Los cuerpos de seguridad han impedido cualquier acceso de periodistas a la zona para que estos hechos no sean difundidos ni denunciados.
Tal como lo comentamos detalladamente con el debut del operativo “PLOPLOPLO” (OLP pero al revés) en la Cota 905, esta estrategia electoral no va dirigida contra el hampa, sino contra las comunidades más pobres, la base del chavismo originario. Con varios amigos he discutido que esto fractura la base del chavismo, divide entre buenos y malos, “gente decente” y malandros. Esto no se trata de una discusión sobre la inseguridad ni sobre política criminal, es un problema político e ideológico que apunta a cuestionar cuál es el modelo de Estado y cuál es la institucionalidad que se está construyendo. Ya figuras como José Vicente Rangel se han pronunciado críticamente al respecto.
Autores marxistas como Hobsbawn y Wallerstein explican cómo los imperialismos de finales del siglo XIX y comienzos del XX sustituyeron la lucha de clases por las luchas nacionales y globales raciales y de esa manera las clases peligrosas de los países del centro se ubicarían en el mismo lado que sus élites. Si tropicalizamos este planteamiento a la coyuntura objeto de análisis podemos afirmar como la presente campaña electoral securitaria del gobierno vacía de contenidos políticos e ideológicos todo su discurso para sustituirlo por el miedo al “otro”, sustituyendo así la lucha de clases por la lucha contra el delito. Por lo que el señalamiento de las críticas a estas políticas como “ataques de la derecha” también carece de sustento. En realidad estas prácticas son más cercanas al realismo de derecha que al de izquierda.
Las dos ideas fuerza que los burócratas esgrimen para justificar los atropellos de la OLP son: 1) “A la gente le gusta” “la gente está contenta”: si es por eso también podemos entonces descuartizar a la gente en la plaza pública y volver a la Edad Media. A la gente también le gustaba Hitler. ¿Qué Estado y qué sociedad tienen como referente? Pregúntenle a la comunidad de los barrios de la Panamericana, entre el kilómetro 0 y 7, o la de la Cota 905 si están contentos; 2) La “inseguridad es un percepción”: tan contradictorios son que justifican las razias por una parte y por la otra dicen que no tenemos un problema real con la inseguridad ciudadana. Sí tenemos un problema delicado con la inseguridad, objetivo, real y el Estado debe actuar al respecto, dentro del marco de la legalidad, no violando la ley; reduciendo la violencia, no incrementándola; debe tener presencia y aplicar controles reales permanentes, no esporádicos y meramente propagandísticos.
Sigan utilizando a los pobres como objetos y no como sujetos de su campaña securitaria; los pobres cobran, tarde o temprano, pero lo hacen; más aún con la conciencia política que han añejado durante los últimos lustros.
Keymer Ávila
