Por Vladimir Villegas
La presión de los trabajadores y no otra causa provocaron que súbitamente se transformara en libertad condicional la condena a siete años y medio que se había dictado el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, Rubén González, quien está en la calle desde el pasado viernes.
González fue encarcelado hace más de un año por participar en acciones sindicales y de calle para reclamar reivindicaciones de sus compañeros, y sobre él cayó todo el peso de una justicia vergonzosa, que está siendo utilizada para la venganza política y para castigar a quien le resulte incómodo no sólo al Presidente, sino a funcionarios supuestamente revolucionarios que se comportan como el peor de los patronos.
Durante todo este tiempo nunca cesó el clamor guayanés, y en cierto modo nacional, en pro de la libertad de Rubén. Su caso llegó hasta instancias internacionales y mostró la verdadera vena no sólo de quienes deben administrar justicia, sino de quienes ocupan responsabilidades en el Ministerio del Trabajo, en la Defensoría del Pueblo e, incluso, en la Asamblea Nacional, porque tan escandalosos fueron los silencios en torno a este caso como las declaraciones de quienes se valieron de los argumentos más rebuscados para justificar la detención.La anunciada sentencia de siete años de cárcel contra González encendió todas las alarmas en las más variadas expresiones del movimiento sindical. Hasta la pro gubernamental Unión Nacional de Trabajadores salió a reclamar por esta aberración jurídica que en dos platos criminalizaba la protesta y el ejercicio de la función sindical. El Gobierno, el Poder Judicial, el Estado todo sintió el rugir de los trabajadores. Hasta las fuerzas sindicales rojas rojitas enseñaron los dientes y se produjo entonces la decisión de ponerlo en libertad.
Con esta medida quedan varias cosas en claro. La primera de ellas es que el Poder Judicial está evidenciando cada vez más su sumisión al Poder Ejecutivo y una administración de justicia parcializada y alejada de las normas constitucionales. La segunda, que, pese a la polarización, prevaleció por encima de todo la unidad de hecho que se gestó en torno a la demanda de libertad de Rubén González.
La tercera realidad que salta a la vista es que estamos ante un Gobierno alérgico al movimiento sindical autónomo, que quiere sindicatos sumisos, apéndices del PSUV y absolutamente domesticados.
Si, como parece, el objetivo de esta condena era lograr intimidar a los trabajadores y utilizar la detención de Rubén como antídoto frente a nuevas acciones de protesta obrera, creo que perdieron el tiempo. Hasta el sindicalismo pesuvista está reaccionando. No es coherente que en un supuesto gobierno de los trabajadores un dirigente sindical vaya a la cárcel por cumplir su compromiso como líder laboral, que no es otro sino el estar al frente de las luchas de sus compañeros.
Aunque es una libertad chucuta, condicionada a los caprichos de quienes lo metieron tras las rejas, el hecho de que Rubén González esté en la calle constituye una buena noticia, reconfortante, porque no fue producto de una negociación, de una dádiva, de un acto magnánimo de quienes detentan el poder. Esa libertad condicional es producto de la presión, del despertar de un movimiento sindical que sólo podrá hacerse respetar en la medida en que esté unificado y retome el papel protagónico perdido.
Ojalá se sigan abriendo las rejas para que luchadores como Carlos Chancellor y William Saúd, por mencionar dos casos que también conmocionan Guayana, salgan en libertad.
Los trabajadores están hablando en voz alta. El que tenga oídos que oiga.
08.03.11 Vladimir Villegas El Nacional
