Por Rafael Izcátegui
Hace casi un año, en este mismo espacio, celebrábamos que -de manera parcial- el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara las indemnizaciones a los afectados y afectadas de intoxicación masiva en el Hospital La Ovallera, un hecho que data del año 1993. En el año 2004 los afectados acudieron a la Sala Político-Administrativa para demandar al IVSS por no garantizarles atención médica adecuada. Cinco años después la misma dictó sentencia obligando al Seguro Social a la indemnización y a garantizar asistencia y atención de salud. El instituto en vez de dar cumplimiento inmediato a la sentencia acudió a la Sala Constitucional e interpuso un recurso de revisión alegando irregularidades en el proceso.
Hoy debemos informar, con tristeza que la Sala Constitucional, obviando el mandato que la obliga a no sacrificar la justicia por formalidades no esenciales, anuló la sentencia ordenando que el juicio prácticamente se reiniciara desde cero. Cinco años de espera y agravamiento de la salud de los afectado(s) no fueron tomados en cuenta. Para la Sala Constitucional fue más importante defender al ente del Estado y obviar la actitud negligente del IVSS durante todo el juicio. De esta manera se continúan con las prácticas tan criticadas en el pasado: la reiterada actitud de favorecer al Estado a costa de sacrificar los derechos de las personas.
La Ovallera es un caso emblemático de malas condiciones laborales y de irregularidades en los centros hospitalarios, vale la pena recordar sus detalles: el 20 de marzo de 1993, hace 18 años, ocurrió un accidente laboral en el Hospital José Antonio Vargas, en el sector La Ovallera del estado Aragua, el cual provocó la intoxicación masiva de un número importante de personas. Un mes antes el personal del centro asistencial se había percatado del funcionamiento irregular del sistema de aire acondicionado, por lo cual se contrató a una compañía privada para realizar trabajos de fumigación, limpieza y mantenimiento de dicho mecanismo. Una de las empresas contratadas inició sus trabajos fumigando el recinto, para lo cual utilizó un producto conocido como K-Othrine 25. Debido al mal estado de los ductos de aire el químico no se logró colar hasta el exterior, manteniéndose en el ambiente del centro de salud y afectando todo el recinto del sanatorio. Se realizó la evacuación de 150 personas de las cuales 94 fueron hospitalizadas por presentar síntomas de náuseas, vómitos, mareos, deficiencia respiratoria, picazón, trastornos de la tensión, y cuadro diarreico, síntomas propios de una intoxicación.
El día del accidente se presentaron en el sitio comisiones del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, Defensa Civil y la Fiscal 3° del Ministerio Público, Dra. Norma Díaz, los cuales procedieron a tomar muestras de residuos y gases, así como de los químicos utilizados tanto en la fumigación (K-Othrine 25) como en la limpieza de los ductos de aire (Lume Plus), procediendo a la clausura del hospital para su descontaminación. Los estudios determinaron que Lume Plus está contraindicado sobre superficies de aluminio, ya que puede desencadenar una reacción en la superficie metálica.
Su manejo inadecuado puede ocasionar la toxicidad del aire respirable, lo cual unido a la fuga del gas refrigerante y la presencia en el ambiente de plaguicidas químicos, conformaron una mezcla letal.
La impericia provocó la intoxicación masiva a 350 personas, algunas fallecieron al poco tiempo, mientras que otras comenzaron a sufrir graves problemas en su salud física y mental. En la década siguiente, algunas de estas personas mantuvieron una lucha constante para exigir al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) atención médica oportuna y adecuada. En 3 oportunidades lograron acordar con las autoridades del ente público un número igual de actas convenio que fueron incumplidas en algunos de sus términos.
Durante el lapso de espera, la falta de atención médica adaptada a su situación acarreó el deterioro progresivo de su salud, al punto de llegar a padecer patologías crónicas de carácter degenerativo, afectando por tanto su entorno familiar y social.
Ni siquiera las expectativas creadas por el gobierno bolivariano de saldar las deudas del pasado lograron una respuesta afirmativa para las víctimas. Fue así como, ante la indolencia y el olvido, un día acudieron a Provea para solicitar apoyo. Desde ese día les hemos acompañado, al lado de varias organizaciones sociales del estado Aragua, como la Escuela de Formación Obrera (EFO), sin descansar en la lucha por la justicia y por el resarcimiento de sus derechos. Este lunes los afectados y afectadas, sus familiares y otras organizaciones sociales tomaremos las calles de Maracay para reclamar respuesta de las autoridades y que se tomen las medidas necesarias para que un accidente de esta naturaleza no ocurra en ningún otro centro hospitalario del país.
