Para nadie es un secreto que la medicina privada en Venezuela, tomando en cuenta el poder adquisitivo del ciudadano común, es cara. Pero ante la práctica inexistencia de un sistema público de salud, los venezolanos recurrimos a ella, muchas veces pagando costosos seguros, porque simplemente no hay más opciones.
Es indudable que en el sector privado de salud -como en otros sectores del país- existen algunas irregularidades -cobro excesivo a veces, especulación otras- pero no se debe generalizar ni culpar a todo el sector de estos males. Conozco a médicos que están dentro del sistema privado que dedican un importante número de horas ad honorem en hospitales públicos o de beneficencia. O clínicas privadas que no reusan materiales e insumos -con tiempo de vida útil- y los donan a hospitales que no los tienen. Algunos, claro, reutilizan esos materiales y los cobran como nuevos a los pacientes-clientes de sus clínicas. Pero ¿es la norma?
No hay que ser un especialista en la materia para intuir que los adelantos en medicina van al ritmo de los adelantos tecnológicos mundiales y que estos se producen en el exterior, y por ende, hacen falta divisas y licencias -que sólo el gobierno provee- para adquirir tecnología, insumos y conocimiento. Podríamos decir que hoy por hoy, el estado controla y administra la importación de todos esos elementos imprescindibles para el funcionamiento y desarrollo de la medicina privada y también de la pública.
Pero estamos ante la presencia de un Estado que es incapaz de garantizar un derecho, el de la salud, a los ciudadanos. Aunque se han hecho esfuerzos -innegables, pero que parece han perdido impulso últimamente- en la atención primaria, los servicios hospitalarios públicos padecen de innumerables problemas que no parecen tener coto. La infraestructura hospitalaria es de vieja data, no recibe el mantenimiento adecuado, se comienzan a hacer refracciones que se paralizan, bajando en forma considerable el número de quirófanos y de camas disponibles. Existe una persistente escasez de insumos y medicinas y además, constantes problemas laborales de todos los trabajadores de la salud -obreros, empleados, enfermeros/as y médicos- dependientes del estado. Y para remate los jerarcas gobernantes viajan al exterior para someterse a tratamientos médicos.
Cuando vemos a este gobierno –cuyos funcionarios, empleados y trabajadores tienen y exigen en sus contratos colectivos pólizas privadas de salud- intervenir en la salud privada, no podemos menos que preocuparnos. En todos los sectores productivos en que ha intervenido, hemos podido comprobar, lastimosamente, altos niveles de ineficiencia e irresponsabilidad que sólo han causado más problemas, por ejemplo, escasez de productos.
Si hay irregularidades, que se aplique la ley, existen ya un montón de ellas, y se corrijan las fallas. Pero cuando empiezan a hablar o a querer imponer costos, baremos y precios, de manera unilateral y desproporcionada, y además acompañan las medidas con el discurso demagógico de la igualdad y los derechos, saltan las alarmas. Y saltan porque una cosa es el igualitarismo y otra es la caída en picada hacia abajo, hacia donde la referencia es el sistema público de salud, por lo tanto hacia cero.
Es decir, quieren aplicar con la salud lo que están haciendo con el resto. Igualarnos, pero hacia abajo. Inaceptable.
Mikel las Heras
30.07.2011
